Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, anunció que el pasado viernes el gabinete de seguridad envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que señaló que invalidar la prisión preventiva oficiosa, que al momento se encuentra contemplada en el artículo 19 de la Constitución, implica la liberación de 68 mil presuntos delincuentes.
- “Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de Poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales”, dijo Luisa María.
Compartimos la carta que el Gabinete de Seguridad envió a todas y todos los ministros de la @SCJN advirtiendo nuestras preocupaciones y los riesgos para la seguridad nacional en caso de que se invalide la prisión preventiva oficiosa sin un previo análisis que involucre a todos… pic.twitter.com/BuaYhi7rNx
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 16, 2024
Asimismo, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Gobernación arremetió contra la Corte, solicitando que ataquen los problemas de fondo:
- “Y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos, que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”.
⭕ #GobernaciónInforma | Llama Gabinete de Seguridad a @SCJN a respetar la #Constitución y no vulnerar la paz y seguridad del país.
* Detalla secretaria de #Gobernación los riesgos e implicaciones en caso de determinar la no aplicación de la prisión preventiva de oficio.
— Gobernación (@SEGOB_mx) April 16, 2024
Alcalde manifestó que entre los presuntos criminales que podrían ser liberados se encuentran 11 mil 604 acusados de homicidio; 7 mil 150 de secuestro; 5 mil 617 de violación; 4 mil de narcotráfico; 3 mil 800 de portación de armas y explosivos; mil 405 de feminicidios, así como mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, además de 405 por delincuencia organizada.
De igual forma, indicó que el Estado de México destaca entre las principales entidades afectadas en caso de que la SCJN tome dicha decisión, puesto que, 21 mil 718 personas se encuentran en prisión preventiva oficiosa, numeró que se atribuyó a “la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”.
Cabe destacar que, la Suprema Corte de Justicia definirá cómo será la participación del Poder Judicial en la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la cual limita la prisión preventiva oficiosa, por lo que elimina el arraigo preprocesal.
Con base en la lista de notificaciones, la Corte comenzó el expediente 372023, turnado al ministro Jorge Pardo Rebolledo, esto con el fin de acatar la sentencia por el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, emitido por la CIDH el pasado 25 de enero.
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