De acuerdo con Artículo 19, la Sedena considera a activistas y periodistas como enemigos potenciales. Por eso los espían de manera ilegal.
La organización reveló que los reportes sobre espionaje que realiza el Ejército mexicano a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos confirman que desde las instituciones castrenses se les considera enemigos potenciales del gobierno.
En su informe “Voces contra la indiferencia” destacó la investigación Ejército Espía publicada por Proceso, Animal Político, Aristegui, la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC, en la que desde octubre de 2022 se revelaron nuevos casos de espionaje con Pegasus dirigidos a Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos; Ricardo Raphael, columnista y un periodista de Animal Político.
Sedena considera a activistas y periodistas como enemigos potenciales.
“Estos hechos reafirman el uso ilegítimo de tecnologías de vigilancia, en especial, el realizado por las fuerzas armadas sin contar con atribuciones normativas”, señaló.
“También confirman que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos como activistas, periodistas y defensores/as de los derechos humanos que investigan, denuncian y exponen casos en que éstos son violados, como Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”.
Respuesta del Estado mexicano es lamentable
Artículo 19 también afirmó que la respuesta del Estado mexicano a las revelaciones de Ejército espía y Guacamaya fue decepcionante pues la Presidencia de la República afirmó que los archivos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que hackeo el colectivo Guacamaya carecen de validez legal y que los documentos que demuestran el uso de Pegasus no son oficiales.
Recordó que incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió ataques verbales a Ricardo Raphael y Animal Político y se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales, como Infodemia, para “desmentir” que la Sedena adquirió Pegasus y lo usó contra periodistas y activistas este sexenio.
Asimismo, Artículo 19 explicó en su informe que la investigación de Ejército Espía no sólo se sustenta en estos documentos sino que se vio reforzada por ellos.
Inhiben libertad de expresión
Afirmó que la impunidad y la falta de acceso a la verdad y la justicia en los casos de espionaje gubernamental crean un efecto inhibitorio para la libertad de expresión y mantienen en riesgo la privacidad de todas las personas que han sido atacadas con Pegasus.
Además, advirtió que a raíz de las revelaciones de Guacamaya diversos legisladores llamaron urgentemente a crear un marco legal más severo en materia de ciberseguridad con la intención de reforzar las penas por acceso ilícito a sistemas informáticos, filtraciones y distribución de documentos o información que se considera de seguridad nacional.
Indicó que desde mediados de 2022 y después de las revelaciones de Guacamaya, las comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras integrantes del Congreso de la Unión, impulsan una agenda con la que pretenden criminalizar a cualquier colectivo o individuo que amenace la seguridad nacional mediante el uso “ilegítimo” de tecnologías por las personas usuarias.
“A pesar de la urgencia de regular la compra y venta de este tipo de programas espías en el país (como Pegasus), los legisladores -incluidos los de oposición- prefieren enfocarse en crear marcos normativos de ciberseguridad que restringen derechos humanos”, lamentó.
Parece que son iguales o peores, pues Artículo 19 reveló que la Sedena considera a activistas y periodistas como enemigos potenciales. Por eso los espían de manera ilegal.
Ejército considera a activistas y periodistas "enemigos potenciales" del gobierno: Artículo 19. Vía @proceso https://t.co/WIQNkHYQYf
— J. Jesus Esquivel (@JJesusEsquivel) March 28, 2023
