Algo muy extraño ocurre en el país. Por más que se buscan razones e interpretaciones, no termina de quedar claro por qué los cruzados de la transparencia, de la rendición de cuentas y del gobierno abierto han sido dóciles y tolerantes con el señor Santiago Nieto Castillo.
Como seguramente sabe, Nieto Castillo –titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE–, arrastra un grave conflicto de interés.
Cuatro días antes de asumir el cargo, Santiago Nieto cobraba como asesor de la bancada del PRD en el Senado de la República.
Lo curioso es que este flagrante conflicto de intereses no ha indignado, no ha enfurecido y no ha alertado a los defensores de las buenas conciencias.
O si lo prefiere, la falla de Nieto Castillo no ha tenido efecto entre los que exigieron poner un alto a las cuotas y cuates en la Corte, los que demandaron que el Partido Verde perdiera el registro y los que se escandalizaron con la casa blanca del presidente Peña Nieto.
Pero eso no es todo, en el artículo 386 del Código Penal Federal se describe —con pelos y señales—, qué es una fraude y cómo se incurre en una de estas faltas. Y aunque a todas luces, el señor Santiago Nieto cometió un fraude, nadie dice nada.
Por lo pronto, el único que ha reaccionado como se esperaría es Arturo Escobar, el ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. El mismo que fue acusado de cometer delitos electorales por la dependencia que dirige Santiago Nieto.
Según Escobar, denunció al titular de la Fepade ante la PGR.
Poco a poco, este asunto se convierte en un gran circo.
