La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó a la Cámara de Diputados a entregar las adecuaciones solicitadas a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, en materia de respeto a los derechos humanos.
La Corte subrayó que el poder legislativo tenía la obligación de establecer en el primer periodo de sesiones del 2022, que inició en febrero y terminó en abril pasado, la finalidad del uso de la fuerza, así como su sujeción a los principios de racionalidad y oportunidad.
Por ello, le advirtió a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, que si incumplen este requerimiento podrá hacerse acreedor a una multa y se le podrían imponer las sanciones que establece el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional, las cuales van desde la separación de su cargo e incluso consignación por desacato.
Diputados piden prórroga para legislar
Esta orden de la SCJN se da luego de una acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que demanda la invalidez de diversas disposiciones del Decreto mediante el cual se expidió la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de mayo de 2019.
Tras ello, los ministros determinaron que se debían actualizar dos omisiones legislativas:
1.- La falta de previsión del uso de la fuerza.
2.- La falta de previsión de la sujeción del uso de la fuerza a los principios de racionalidad y oportunidad.
Por ello, ordenó a los diputados legislar para establecer en la ley la finalidad del uso de la fuerza, así como su sujeción a los principios de racionalidad y oportunidad.
En respuesta, el morenista Gutiérrez Luna solicitó una prórroga la cual les permitiera ampliar el plazo y hacer las reformas necesarias en el segundo periodo de sesiones de este año.
Sin embargo, los ministros la rechazaron y concedieron 10 días hábiles a los legisladores para que cumplan el fallo y se remita copia certificada de las constancias que acrediten los actos que ha llevado a cabo para lograr el cumplimiento del fallo.
Con información de El Economista y Expansión Política
MSA
