La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la entrega de información referente a las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que estuvieron involucrados en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En una votación de seis a favor y dos en contra, el Pleno de la SCJN determinó que el recurso de revisión en el ámbito de seguridad nacional, establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, carece de fundamento.
Esta decisión contradice la resolución del 6 de julio de 2022 emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la cual ordenaba a la SFP la divulgación de las declaraciones patrimoniales y de intereses en su versión pública de los 23 ingenieros militares residentes que trabajaron en el AIFA.
El ministro a cargo del caso, Javier Laynez Potisek, subrayó que no existe evidencia en los documentos públicos presentados que respalde la idea de que la publicación de estas declaraciones patrimoniales y de interés de los ingenieros militares; afectaría la coordinación interinstitucional en términos de seguridad nacional.
Los ministros concluyeron que los miembros de las fuerzas armadas mexicanas, en su calidad de funcionarios públicos, están sujetos a las regulaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En virtud de estas regulaciones públicas, los militares están obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, las cuales deben ser hechas públicas según lo establecido por la normativa.
En cuanto a los argumentos presentados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los ministros destacaron que no se proporcionaron pruebas suficientes, que demostraran que la divulgación de los documentos representaría un riesgo concreto para la seguridad nacional.
Caso contrario a lo argumentado por la Consejería, la cual enfatizó que la solicitud se centraba únicamente en conocer la evolución patrimonial de los ingenieros militares, sin que esto implicara un peligro para la coordinación interinstitucional en términos de seguridad nacional.
Los ministros señalaron que los agravios presentados por la Consejería, estaban basados en posibles escenarios hipotéticos en los que los ingenieros militares podrían asumir el mando de unidades operativas en el futuro.
Además, se señaló que estos argumentos carecían de fundamentos y pruebas sólidas que demostraran que la divulgación de las declaraciones patrimoniales e de interés obstaculizaría sus funciones en tales situaciones.
Como resultado de estas consideraciones, la Corte ratificó la resolución del INAI emitida el 6 de julio de 2022.
En la votación, el ministro Arturo Zaldívar y la ministra Yasmín Esquivel expresaron su desacuerdo con el proyecto, mientras que los ministros Norma Lucía Piña, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Roberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo y Laynez votaron a favor del mismo.
