Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió la primera impugnación en contra de una veintena de reformas de ley que avaló la mayoría de Morena y sus partidos aliados en el Senado de la República la noche del 28 y madrugada del 29 de abril en la sesión conocida como “viernes negro”.
De acuerdo con registros públicos del máximo tribunal del país, el ministro González Alcántara Carrancá determinó admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de las reformas a la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos.
Esta reforma de ley, conocida como antifentanilo, establece una pena de 10 a 15 años de prisión a la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, así como una multa por el equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.
Los acuerdos públicos de la SCJN dan a conocer que también fue registrada la demanda en contra de la reformas a la Ley de Aguas Nacionales; a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
Este paquete de reformas de leyes conocido como Ley Minera fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinará si esta demanda promovida por diputados de oposición cumple con los requisitos de legalidad y es admitida a trámite o bien desechada por improcedente.
De igual forma, el máximo tribunal del país registró la impugnación de diputados y senadores de oposición en contra de las reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, y por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, mediante el cual se desapareció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y se creó el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt).
Este par de acciones de inconstitucionalidad fueron turnadas al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien en los próximos días también tendrá que determinar si son admitidas a trámite.
Por último, la SCJN también registró la demanda presentada por una minoría de senadores en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE para que los trabajadores al servicio del Estado puedan reestructurar, en Unidades de Medida y Actualización (UMA) o pesos, sus adeudos de crédito de vivienda cuando hayan dejado de laborar en el sector público y se le haya sido aplicado el plazo de un año de prórroga.
Esta impugnación también le fue turnada al ministro Pardo Rebolledo para su análisis y determinar su admisión a trámite o bien su desechamiento.
Con información de Milenio y XEU
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