La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de la oposición en contra de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), las cuales permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin notificar previamente al usuario por sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Hasta el momento, la Corte no ha revelado qué ministro dio entrada a la acción de constitucionalidad.
Sin embargo, emplazó al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para que en 15 días hábiles contesten a esta demanda mediante un informe por escrito, así como que envíen copia certificada de las normas impugnadas, tal y como fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Diputados aprueban que UIF bloqueé cuentas sin notificar al usuario
En febrero pasado, la Cámara de Diputados aprobó, con 266 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un capítulo V al Título Quinto de dicha ley.
Con ello, se faculta a la UIF para que incluya a un ciudadano en la lista de personas bloqueadas con el sólo indicio de que se encuentre relacionado con los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, se eliminó la obligación para que la UIF notifique por escrito a los usuarios sobre el congelamiento de sus cuentas.
Oposición acusa que esta ley lesiona principios constitucionales
En respuesta, las bancadas de oposición criticaron la reforma denominada como “Ley Nieto” ya que “se está abriendo una puerta peligrosa” al dar facultades de este nivel a la UIF, la cual encabeza actualmente Pablo Gómez.
En ese sentido, acusaron que darle el poder a la UIF de bloquear cuentas bancarias sin un juicio judicial “lesiona los principios constitucionales de garantía de audiencia consagrado en el artículo 14, y de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16”.
“Las instituciones de seguridad y justicia de nuestro país cada día están más extraviadas, no quieren entender que la UIF no puede, ni debe ser policía, ni contar con atribuciones que por mandato constitucional sólo le corresponden al Ministerio Público. Todos hemos sido testigos de cómo la UIF ha vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia”, expuso la diputada del PAN, Patricia Terrazas Baca.
En respuesta, Morena y sus aliados defendieron estas reformas al asegurar que se respetan los derechos procesales de las personas.
“Se enfrenta de manera inteligente y decidida el combate al tráfico de armas, incluso en las propias cortes de Estados Unidos, a diferencia de lo que Calderón permitió sumisamente, ahí está el tema de Rápido y Furioso, supo de miles de armas que ingresaban al país para fortalecer a los cárteles y no hizo nada, sino someterse vergonzosamente. Ahora sí estamos litigando, estamos actuando y seguiremos con el combate a la delincuencia organizada y a estos de cuello blanco que a ustedes se les iban todos esos peces gordos”, aseguraron.
Con información de Milenio Y el Universal
MSA
