La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla enviar a prisión a aquellos contadores que omitan o encubran las irregularidades que cometen las compañías que auditan.
Para ello, en el Paquete Fiscal 2022 se plantea el regreso de la figura de dictaminador fiscal obligatoria, con lo cual, a partir de un nivel de ingresos determinado, las empresas deberán contratar a un contador auditor, quien a su vez entregará el resultado de su trabajo al Servicio de Administración tributaria (SAT).
Sin embargo, se considerarán infracciones cuando el dictaminador no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente.
La disposición estaría enfocada a los profesionales que auditen los ingresos de personas morales, especialmente a aquellas compañías que percibieron más de 876 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior.
Para introducir esta obligación, la iniciativa legislativa de la dependencia propone reformar el Artículo 52, Fracción II del Código Fiscal de la Federación.
El nuevo párrafo establecería que el auditor debe notificar al SAT cuando conozca, después de realizar el dictamen, “que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal”.
Especialistas piden modificar propuesta
Sin embargo, expertos y contadores públicos expresaron su preocupación al señalar que será imposible poner lupa a cada una de las facturas y determinar si fue generada de manera legal o no y por servicios pagados.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló que es necesario que esta propuesta se modifique, ya que no es “acorde con el principio de razonabilidad y proporcionalidad”.
En ese sentido, advirtieron que algunas propuestas en la Miscelánea Fiscal para el próximo año afectarían gravemente el ejercicio de su actividad profesional.
“El SAT está tratando de dar un mensaje para que los auditores y contadores sean mucho más cautos y tengan el cuidado que se requiere al momento de fiscalizar, aunque se podrá prever que los contadores podrán ser acusados de ser cómplices o encubridores, e incluso puedan ser llevados a la cárcel desde tres meses a los 9 años”, comentó Marcelo Flores, abogado fiscalista.
Con información de La Silla Rota y Infobae
MSA
