El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, quedó inhabilitado de facto para obtener otro empleo que no sea en la academia, como ha ocurrido con todos los que han dejado al gobierno de la “4-T”.
La Ley de Austeridad Republicana establece que las personas que ocupen cargos de director general adjunto, director general, titular de unidad, subsecretario, secretario y hasta el presidente de la República, no pueden trabajar en la iniciativa privada en los diez años posteriores a su salida del gobierno federal.
Y como todos los que renuncian o son despedidos del gobierno de la “4-T” quedan como apestados políticamente, es difícil que encuentren acomodo en alguna administración estatal o municipal.
El único recurso que les queda a los que cayeron de la gracia del presidente López Obrador o que renunciaron por dignidad, es dar clases en alguna institución educativa, dedicarse a la investigación, dar conferencias en universidades o emprender su propia empresa.
Es el caso de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien se refugió en su plaza de investigadora de la UNAM.
También tienen la opción de buscar un amparo contra la Ley de Austeridad Republicana, como han hecho hasta el momento cinco mil 700 ex servidores públicos que, o fueron despedidos o renunciaron a sus cargos en el gobierno y no pueden ser contratados por empresas privadas.
