Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, defendió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante los ataques de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, luego de que invalidó en su totalidad el “Plan B” de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“SCJN se convertiría en juez y parte”
Previo a que los ministros discutieran la validez de este paquete de reformas a las leyes electorales, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) aseguró que si la Suprema Corte invalidaba el “Plan B” “se convertiría en juez y parte”.
En ese sentido, acusó al ministro instructor Javier Laynez Potisek de modificar criterios “para favorecer a la oposición e invalidar esa modificación”.
La Consejería Jurídica deja en claro su desconocimiento de la Constitución
En respuesta, Creel Miranda advirtió que los señalamientos de la CJEF son mentiras y subrayó que la decisión de la Corte muestra que en el país sigue imperando la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos es garantía de legalidad.
“El fallo de la Corte mostró que en el país no debe imponerse ningún poder sobre otro, por mera voluntad de uno o varios personajes”, dijo.
Por otro lado, recordó que al rendir protesta en el cargo, el mandatario tabasqueño se comprometió a acatar la ley así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
En consecuencia, le hizo un llamado a que evite las descalificaciones y privilegie el diálogo, porque el país y el pueblo “lo merecen”.
“La Consejería Jurídica de la Presidencia publicó un comunicado en el que denunció una supuesta vulneración a la democracia, en caso de aprobarse el proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad relativas al segundo decreto en materia electoral (plan b). La Consejería Jurídica miente. Además, deja en claro su desconocimiento de la Constitución, de las leyes y reglamentos parlamentarios”, expresó.
Toda reforma electoral debe contar con legitimidad
Por último, enlistó las razones por las cuales el “Plan B” era inconstitucional, entre ellas, enfatizó, que se discutió en el recinto en “fast track”, y a través de un albazo.
Recordó que la sesión durante la que se puso a discusión el tema, él votó en contra de la agenda del día propuesto por la mayoría en la Junta de Coordinación Política, que incluía la discusión y votación de dichos cambios legales.
Argumentó que las reformas electorales requieren de construir amplios consensos entre las distintas fuerzas políticas, ante la necesidad de legitimarlas.
Recalcó que la dispensa de trámites, como sucedió en San Lázaro, impidió que los congresistas pudieran conocer y evaluar las propuestas presidenciales “dado que el mismo día de su presentación se pretendía que fuera discutido y votado”.
Agregó que desde su punto de vista, la reforma electoral también identificada como “Plan B” tenía que haber sido sujeta a discusión en un ejercicio de parlamento abierto.
Insistió en que toda reforma electoral debe contar con legitimidad y por eso era conveniente que se formulará a través del consenso político y no “en un albazo”.
“La viabilidad de la reforma era imposible. Reitero que la actitud de la Consejería Jurídica revela un profundo desconocimiento de los principios constitucionales que rigen los procesos electorales en nuestro país”, remarcó.
Con información de MVS Noticias
MSA
