El pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó la queja de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego por supuesta violencia política de género.
La queja de Layda surgió de una serie de publicaciones de Salinas Pliego en 2023, en donde criticaba su gestión como gobernadora.
Sansores, argumentando que estos actos constituían violencia política en razón de género, presentó una queja formal ante las autoridades electorales.
La decisión no fue unánime y reflejó una división fundamental entre los magistrados sobre el alcance de la justicia electoral.
- Postura minoritaria (a favor de admitir la queja): La magistrada Janine Otálora presentó un proyecto de resolución que proponía confirmar la admisión de la denuncia. Argumentó que las autoridades electorales sí son competentes para investigar la violencia política de género cuando afecta los derechos de ciudadanía de las mujeres en cargos públicos. Otálora recordó que en un caso similar contra la entonces senadora Citlalli Hernández, ella también se pronunció a favor de investigar al empresario.
- Postura mayoritaria (en contra de admitir la queja): La magistrada Claudia Valle encabezó los argumentos de la mayoría. Su postura central fue que, si bien los mensajes pueden ser ofensivos, no competen a la materia electoral. Valle explicó que para que el TEPJF sea competente, debe existir una clara “incidencia en el ejercicio del desempeño del cargo de la gobernadora” o una “afectación al desarrollo de la función pública”. Al no encontrar este vínculo en los mensajes, consideró que el caso debería analizarse en otra esfera de competencia (posiblemente la penal o civil), pero no la electoral.
