De acuerdo con Petróleos Mexicanos, en lo que va del año, el número de tomas clandestinas creció un 55 por ciento.
Entre enero y noviembre de 2014, el número de sitios de ordeña era de 3 mil 286. No obstante, hasta noviembre de este año, el número de tomas contabilizadas es de 5 mil 91.
No sobra recordar que en marzo de este año, Pemex anunció que dejaría de transportar gasolinas terminadas en los ductos. Sin embargo, a pesar de la medida, el número de tomas clandestinas aumentó.
Actualmente, los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Jalisco, en conjunto, suman 2 mil 916 tomas clandestinas.
Y según estimaciones de Pemex, cada día se extraen 27 mil barriles de diesel y gasolina en estas tomas clandestinas.
Se calcula que el daño a las arcas públicas por estas prácticas ilegales sería de 40 mil millones de pesos al año.
En consecuencia, en este momento, los senadores plantean aprobar una reforma a la ley para reforzar las sanciones en contra de las tomas ilegales de combustible.
No obstante, aquí preguntamos, ¿de qué servirá una ley más severa? ¿realmente eso alcanzará para frenar el robo desmedido de combustibles?
En entrevista para La Otra Opinión, el especialista Miguel Ángel Toro –analista político y económico–, explicó que el robo de combustible ha sido un problema constante y creciente. Aun así, la caída en los ingresos de la petrolera –por la reducción en los precios internacionales del petróleo–, ocasionó que el golpe en las arcas públicas sea mayor.
Lo preocupante, continuó el experto, es que la petrolera se vea obligada a modificar sus métodos de transporte de combustible. En consecuencia, utiliza vehículos –como los carros tanques– que, en los hechos, son una trampa con ruedas. Estos medios de transporte son focos de alerta y tienen el potencial de ocasionar un accidente con graves daños.
Frente a esta situación, como ya se dijo, el Senado plantea aumentar las penas para frentar el número de ordeñas. No obstante, para Toro, el problema no se resuelve con leyes.
Por un lado, la ordeña de ductos no se entiende sin la presencia de una gran red de corrupción. Sólo los trabajadores de Pemex saben dónde corren los ductos, en qué punto es viable ordeñarlos, cómo extraer el combustible y qué trato darle a la gasolina.
De modo que, aunque se incremente el costo legal de extraer combustible de forma ilegal, si la cadena de corrupción persiste, la nueva ley servirá de poco.
Por hay más. Además de que, en el fondo, asistimos a un problema de corrupción, lo cierto es que no basta con aprobar leyes más severas, lo relevante es aplicar esas leyes. Ya las nuevas, ya las vigentes.
La iniciativa, concluyó Miguel Ángel Toro, aspira a modificar el equilibrio económico de la ordeña de ductos; no obstante, el problema no es sólo económico. El problema, insistimos, es de corrupción.
