Podrán decir misa los especialistas electorales, los políticos y hasta los fanáticos del gobierno de López Obrador.
Podrán decir que el sistema electoral mexicano es el más imperfecto; que no cumple su espíritu original y que debe ser cambiado.
Y hasta podrán justificar la regresión autoritaria que pretende el presidente López Obrador con su “chabacana” Reforma Electoral; una enmienda que más bien parece una amenaza a la estabilidad del país.
Sin embargo, nada justifica que durante los 30 días previos a la “Revocación de Mandato”, tal ejercicio de supuesta democracia directa se ha convertido en una de las violaciones constitucionales más escandalosas de la historia en México.
Incluso el escándalo es mayor a los tiempos de “la dictadura perfecta” de Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo juntos, en donde la simulación cuidaba las formas para evitar el cinismo y la desfachatez de hoy, lo que llevó al otro López; a “Jolopo”, a acuñar un clásica: “lo peor que nos puede pasar es convertirnos en un país de cínicos”, llegó a decir.
Hoy es tal el pisoteo constitucional, tantos los violadores a la Carta Magna y de tal nivel de responsabilidad pública quienes pisotean la Ley Suprema que se cumplió aquella advertencia.
Sí, hoy México está en manos de políticos y servidores públicos no sólo cínicos sino desvergonzados que hasta alardean su gusto por violar la Constitución, con un nuevo clásico: “sí, se violentó la ley… ¿Y qué?”, como alardeó el titular de Hacienda.
Y es que en México hoy violan la Constitución no sólo el presidente López, sino el secretario de Gobernación, los “ministros carnales” de la Corte; gobernadores de Morena; todo el gabinete presidencial incluido el director de la Guardia Nacional, el jefe de Morena, Mario Delgado y, por supuesto, los diputados y senadores del partido oficial.
Y si los lacayos de Morena en Los Tres Poderes de la Unión violentan el Máximo Ordenamiento constitucional, entonces la conclusión es evidente: hoy vivimos uno de los momentos de mayor ingobernabilidad de la historia.
Y la razón es elemental: el de AMLO es uno de los gobiernos más ineficaces e improductivos de la historia; es el gobierno más mentiroso de la historia y, por si fuera poco, es la gestión que más violenta de manera sistemática la Constitución.
Por tanto, está a los ojos de todos la peligrosa e incontenible espiral de ingobernabilidad; una tara política cuyo mayor y más lacerante signo es la espiral de violencia sin freno.
Y es que un gobierno ineficaz, sin resultados, sin credibilidad y que todos los días violenta las leyes pero sobre todo que solapa las violaciones a la Carta Magna, es un gobierno fallido.
Y en ese escenario, la distancia entre un gobierno fallido y un “narco-gobierno” es la distancia mínima posible.
Por eso, vale un recuento mínimo de las violaciones constitucionales más flagrantes en los 30 días previos a la Revocación de Mandato.
Por ejemplo, el viernes 1 de abril, el INE informó que el proceso de Revocación de Mandato “ya es el que más violaciones constitucionales ha registrado”.
Lo anterior se produjo luego que el propio Instituto ordenó retirar, por enésima ocasión, “todos los espectaculares sobre la elección del 10 de abril en todo el país”, en donde se pide el voto a favor de López Obrador.
Incluso, el consejero Ciro Murayama afirmó que la revocación de mandato “se está utilizando como herramienta para manipular a la ciudadanía desde el poder” y aseguró que se trata del procedimiento con más violaciones a la Constitución”, ya que en los últimos 60 días se ha emitido una medida cautelar cada tres días.
Así lo dijo: “Es lamentable que a 10 días de la revocación de mandato estemos viendo como desde el poder y desde el servicio público se está rompiendo con las reglas del juego establecidas. Estamos ante un proceso político con más violaciones a las reglas, a la Constitución y a la ley desde el poder de que se tenga noticia, estamos viviendo una situación de anormalidad y de abuso de los poderosos de vulneración de los derechos de la ciudadanía”.
A su vez, López Obrador reprochó que el INE sólo impide las manifestaciones contra la “revocación de mandato” a quienes simpatizan con su gobierno, y no contra sus críticos. Por eso exigió al árbitro electoral “imparcialidad”.
Lo que no entiende es que su declaración confirma que, desde Palacio, se ordenó una campaña de propaganda ilegal que viola la Constitución.
Pero además, también está a la vista de todos que Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat –las ministras “carnalas” del presidente López Obrador, negaron un amparo por la difusión tramposa de la Revocación de Mandato.
Es decir, las responsables de velar por el respeto a la Constitución –en el Poder Judicial–, decidieron avalar la violación de la Carta Magna luego de que se les impuso esa decisión desde Palacio.
Otro funcionario de primer nivel, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, inició una serie de giras por el país, el pasado fin de semana, que en realidad se convirtieron en una campaña de proselitismo a favor de la Revocación de Mandato.
Esa gira arrancó en Coahuila y Chihuahua y fue severamente criticada por todos los opositores.
Sin embargo, el propio presidente solapó esa violación a la Ley Suprema, desde su mañanera del pasado lunes.
Por eso, diputados y senadores del PRI, PAN y PRD exigieron la renuncia del aspirante presidencial y del titular de Gobernación.
Y es que la cartera de Gobernación, en un presidencialismo como el mexicano, la debe ocupar un servidor público garante precisamente del respeto a la ley y, en especial, a la Constitución.
Al final de cuentas, la Revocación de Mandato se ha convertido en el mayor exhibidor de las monstruosidades de que es capaz un presidente desesperado y arrinconado que ve desmoronarse su proyecto y que sabe que pasará a la historia como el peor mandatario y el que más ha violado la Constitución.
Al tiempo.
