La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por “indudable improcedencia” la controversia constitucional que interpuso el gobernador de Nuevo León, Samuel García, contra el juicio político de la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
El ministro Javier Laynez Potisek, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que el mandatario estatal neoleonense no pretende combatir un conflicto competencial, sino que la Corte revirtiera el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, mediante el cual invalidó la medida cautelar otorgada a García Sepúlveda y ordenó sobreseer el juicio.
“Lo anterior deja ver con claridad, que el estudio que propone la parte accionante tiene que ver exclusivamente con la legalidad de la resolución impugnada pues no pretende combatir una invasión de competencias entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa o de algún acto vinculado directamente con la denuncia de juicio político que dio origen a los pronunciamientos combatidos, sino que se duele de que el Poder Judicial de la entidad emitió una decisión en que invalidó una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que el resultaba ‘favorable’”, puntualizó Laynez Potisek en su resolución.
Determinó que la demanda intentada por García Sepúlveda, es improcedente, porque, le recordó al joven político, que las controversias constitucionales dirimen conflictos competenciales entre órganos, poderes o entes, lo que ya es un criterio reiterado del máximo tribunal del país.
Por lo tanto, expresó, “no puede plantearse en ella la invalidez de una resolución, pues ello la convertiría en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, improcedencia que se ha extensiva a los actos de ejecución de las sentencias, en tanto su realización encuentra su razón de ser en la propia resolución”.
De acuerdo con el expediente, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició, el 31 de enero de este año, el procedimiento de juicio político contra García Sepúlveda por no haber publicado diversos decretos y la omisión de emitir el presupuesto de egresos del año 2023.
El mandatario estatal promovió un juicio contencioso administrativo y el 10 de febrero, la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa le concedió la suspensión para el efecto de que los legisladores se abstuvieran de determinar o proponer sanciones o emitir el dictamen respectivo.
Esta resolución fue impugnada por el Congreso estatal, por lo cual el Tribunal Superior de Justicia ordenó sobreseer el juicio, resolución que quedó firme, luego de que la SCJN desechó la controversia de Samuel García.
Con información de El Universal y MVS Noticias
MSA
