Las empresas privadas encargadas de fotomultas recibieron un revés para ofrecer sus servicios a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto después que un tribunal colegiado resolvió, en definitiva, contra las fotomultas.
La determinación confirmó el fallo del juez Fernando Silva, quien había señalado que la prevención de accidentes y la protección de la vida son funciones que las autoridades locales deben garantizar, aunque para hacerlo no deben apoyarse en firmas que busquen lucro.
Los magistrados avalaron el criterio del juez respecto a que, si bien el gobierno local puede adquirir tecnología para realizar sus funciones, las empresas que se la provean no pueden incorporarse al sistema de seguridad pública vial.
Se argumentó que al otorgar a un particular una tarea propia de la autoridad, se violan derechos contenidos en los artículos 16 y 21 de la Constitución, sobre todo porque cada fotomulta ejecutada implica para dichas empresas una ganancia.
El juez Silva aclaró que el amparo concedido no autoriza a la parte quejosa a cometer infracciones de tránsito y no impide a las autoridades de la ciudad ejercer sus facultades de vigilancia y cumplimiento de las disposiciones de tránsito.
