La reforma al Poder Judicial (PJ) propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a más de 127 mil personas en inestabilidad laboral, asimismo, no contempla costos asociados a conflictos legales, pago de indemnizaciones y derechos adquiridos de las 6 mil 711 juzgadoras y magistradas de los estados y la Federación que podrían perder su trabajo en caso de aprobarse dicha iniciativa.
De acuerdo con los datos de los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que en 2023 los poderes judiciales locales se componen de 73 mil personas servidoras públicas, mientras que el Poder Judicial de la Federación (PJF) era la fuente de empleo para 54 mil 388 personas.
Reforma al Poder Judicial provocaría inestabilidad laboral grave
Es importante destacar que, una reforma al Poder Judicial como la que se propone podría afectar y provocar “inestabilidad laboral grave” a las 127 mil 388 personas que se encuentran actualmente laborando dentro de los 33 poderes judiciales que hay en el país.
Además, tampoco contempla el costo al erario público que resultaría de destituir a las 5 mil 25 personas juzgadoras y magistradas que hay en los poderes judiciales estatales y a las mil 686 personas juzgadoras, magistradas y ministras del PJF.
Dichos costos al erario público estarían asociados a demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, por lo que se implicaría el pago de indemnizaciones por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos.
- “Hay un nerviosismo importante porque tampoco tienen la certeza de que en caso de que terminen sus contratos laborales, el gobierno los va a liquidar, y es un tema importante porque imagínate el costo que tendría liquidar a 1,600 servidores públicos (a nivel federal) que a lo mejor los que tienen carrera judicial, en el mejor de los casos, llevan 20 o 30 años trabajando en el cargo”, expresó Ricardo Mendoza, titular de la Coordinación de Estado de Derecho del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM).
Por otra parte, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales también sufra despidos injustificados.
- “Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o con base en otros criterios políticos”, explica la Corte.
PJ envió una carta a Claudia Sheinbaum
Cabe destacar que, el pasado 6 de junio del presente año, trabajadores del PJF enviaron una carta a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, donde le piden ser considerados ante la “inminente reforma” al Poder Judicial impulsada por AMLO.
En el documento, dirigido por Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato del PJF, señalaba que más de 32 mil trabajadores de base sindicalizados sienten incertidumbre laboral y económica ante la eventual aprobación de la reforma.
- “¿Cuál es la alternativa? No indemnizarlos sino indebidamente darles un finiquito que obviamente sería contrario a la legislación laboral o simplemente correrlos a la mala, pero en todo caso eso añade otro ingrediente respecto de la viabilidad (de una elección judicial) y yo creo que ese impacto sería muchísimo más caro que las propias elecciones”, explicó Ricardo Mendoza.
Con base a la organización civil Laboratorio Electoral, personal administrativo y jurisdiccionales electorales, a nivel federal y local, reciben la cantidad de 41 mil 170 millones 580 mil 855 pesos.
- “Se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que, como ya se explicó, garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado”, según la Corte.
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