Los recientes eventos de violencia criminal en el Estado de Guerrero, obligan a reflexionar sobre los elementos coyunturales que han llevado a la actual situación. Una mirada rápida sobre las graves tragedias.
La muerte del delegado de la Fiscalía General de la República en la mañana del martes 12 de septiembre, en la capital del estado de Guerrero, en Chilpancingo, Fernando García Fernández, tambalea la estructura gubernamental de las instituciones de seguridad y de justicia.
Se suma a la muerte del que había sido nombrado fiscal regional en la región de la Tierra Caliente guerrerense, el Teniente José Manuel Salas Cuadras, quien a dos días de haber sido designado, proveniente de la fiscalía de la región de la Montaña, fue secuestrado de su casa y asesinado posteriormente, dejando abandonado su vehículo y su cuerpo en un paraje de la carretera de Coyuca de Catalán. La fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, también oficial del ejército mexicano, dijo que no se dejarían intimidar por este acto criminal.
Hace tres semanas también fue secuestrada la agente del ministerio público de Coyuca de Catalán, y liberada 24 horas después, Jacqueline González Salgado.
En abril de 2023, hubo un bloqueo realizado en la región de Tierra Caliente, dirigido por la Familia Michoacana y encabezado por los presidentes municipales y algunos diputados y grupos de transportistas, que paralizó la actividad comercial y la vida cotidiana por más de tres días, solicitando la salida del personal por supuestos abusos, de la fiscalía y de las fuerzas armadas de la región, así como de la devolución de una serie de vehículos de lujo y de algunos clásicos, que supuestamente son propiedad del grupo delincuencial que controla la región, y que respondía al decomiso de vehículos de lujo y clásicos realizado días antes.
Antes de este bloqueo, hubo una matazón de comisarios, líderes y niños en San Miguel Totolapan, que fueron convocados por este grupo criminal, para supuestamente ponerse de acuerdo sobre las cuotas o derecho de piso, que los delincuentes estaban solicitando por permitirles desarrollar sus actividades productivas, al no haber acuerdo, se cometió el atroz crimen. Seguido de confrontaciones con otros grupos locales en el que se utilizaron drones.
Si bien durante el mes de marzo, hubo una confrontación de delincuentes con miembros del ejército en la región, en donde falleció, el líder regional y estatal de la Familia Michoacana, Orbelin Hernández Peñaloza, que podríamos establecer como el evento que desencadenó la ola de violencia actual; este jefe de Plaza usaba como sicarios a los hermanos Hurtado Olascoaga, el Johnny conocido como el pez y José Alfredo, conocido como el fresa.
Esta serie de eventos tuvieron como consecuencia la lucha interna por el control de la plaza calentana y a su vez, la expansión de este grupo en el estado. Hay dos personajes, el pez y el fresa, los dos hermanos, que han sido identificados como los aspirantes a suceder en el control y liderazgo de la Familia Michoacana en la entidad y que, realizando violencia criminal, y tomando como base la región de Tierra Caliente, han buscado expandirse hacia las otras regiones del estado, la Norte, con el control de Iguala y Taxco; la del
Centro, controlando Chilpancingo; la región de la Sierra, para controlar la producción de amapola, mariguana y hoja de coca, y la región de Costa Grande, controlando Ixtapa y Zihuatanejo, como paso hacia Acapulco y la Costa Chica.
Si bien la Familia Michoacana, representada por el pez y el fresa, han logrado un crecimiento extenso y rápido, han habido confrontaciones con otros grupos regionales y locales de la delincuencia, las alianzas corruptoras y de sumisión que mantienen estos hermanos y, la aplicación de alta violencia, les han redituado a la fecha ventajas frente a los otros grupos, la voracidad que han mostrado, ha hecho que representen un grupo mayoritario que los ha exhibido e identificado como uno de los problemas mayores para la sociedad guerrerense, pues la han colocado en estado de indefensión y, para las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, el ejército y las que atienden la justicia, y la seguridad, las han rebasado completamente.
La pasada toma de Chilpancingo, que confrontó a dos grupos criminales que desean controlar la capital y sus alrededores, ha tenido una secuela de violencia criminal contra el transporte público que ha dañado severamente la vida de la capital y de las comunidades aledañas.
La reciente visita del presidente de la República, a Acapulco y la Costa Chica, con un amplio operativo de vigilancia y seguridad, mostró los pocos espacios no controlados por estos grupos criminales. Su discurso no satisfizo a los guerrerenses. En dicha visita dijo el presidente que todo estaba bien y que no pasaba nada en la entidad. El gobierno del estado mantiene un perfil de trabajo normal, la cuenta oficial de twuitter, los boletines y las actividades, pretenden lograr una tranquilidad entre la sociedad, que está lejos de ser convencida.
La secuela de personas asesinadas, calcinadas o desmembradas, los coches quemados, los secuestros, extorsiones y fraudes, en toda la entidad suriana, han mostrado actos terroristas, que pretenden atemorizar a todas las personas, locales y visitantes, afectando la tranquilidad social y el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y turísticas en todo el estado.
Lo anterior ha generado un antagonismo abierto con las fuerzas del orden, la provocación del desafío que estos grupos delincuenciales han hecho con la violencia criminal, es un reto y una oportunidad para tomar decisiones que recuperen la estabilidad y la gobernabilidad que el estado de Guerrero desea.
La falta de una coordinación decidida entre los poderes públicos para enfrentar esta violencia criminal, ha propiciado severas dudas sobre la gobernabilidad, que en la lucha política, ocurre con el surgimiento de grupos de civiles, para defenderse y en la ruta de autodefensas, crear organizaciones sociales, que los lleven al momento de justicia por propia mano.
Nadie desea esta escalada de violencia local, pero ante la falta de intervención sistemática y efectiva de las autoridades responsables, la sociedad tiende a organizarse y defender sus derechos y libertades, su persona, sus bienes, familias y comunidades.
Los tiempos difíciles habrán de pasar, pero las marcas, el daño y las muertes, quedarán registradas en la memoria de los guerrerenses.
Hay responsables y culpables, aún es tiempo de actuar conforme a la ley y restituir al estado de derecho. Aunque es un tiempo corto, que se agota con rapidez.
