En reiteradas ocasiones por este medio se ha demostrado que con el presidente Andrés Manuel López Obrador “del dicho al hecho hay mucho trecho”, tal y como lo muestra su más reciente contradicción disfrazada de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
En ella se estableció en su artículo 61 que: “los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace el Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
Dicha ley, y en específico este artículo, fue recientemente aprobada por la mayoría obradorista – Morena, PT, PES y PVEM – en el Senado de la República aunque en abril de este año tanto legisladores como el propio presidente juraron que dicho recurso sería eliminado de la constitución.
El responsable de promover la reforma fue Pablo Gómez, diputado de Morena, quien propuso reescribirlo de la siguiente manera: “no podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”.
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Y es que en aquel entonces tanto diputados como senadores aseguraban que las partidas secretas sólo robaban dinero del pueblo para uso personal del titular del Ejecutivo, situación que justamente acaban de aprobar.
