Diputados del PT presentaron una iniciativa con la cual buscan prohibir que Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pueda interponer una controversia constitucional contra la reforma con la cual se busca prolongar la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública hasta el 2028.
Adelanto mi voto en contra de la iniciativa de reforma constitucional que nos envían. Lo aprobado en el Senado no es más que atole con el dedo o cantinfleo. Me explico:
— 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) October 5, 2022
Se trata de una propuesta de la legisladora petista Margarita García García, a través de la cual, pretende reformar los artículos 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
“La propuesta es que la o el presidente de la Cámara no podrá interponer, por sí mismo, demanda de controversia constitucional. La única manera en que podrá presentar una controversia constitucional será bajo el procedimiento establecido en el numeral 1 del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que contempla la discusión y aprobación por parte del Pleno de la Cámara”, señala el proyecto.
Además, explica que este cambio tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de quien ocupe ese cargo “provenga del partido que provenga, salvaguardando así la institucionalidad debida”.
En ese sentido, agrega, se salvaguardará la representación originaria de la o el presidente, “contando a la vez con un candado que impida el uso faccioso y ajeno a la institucionalidad de dicha representación, y asegurará que una controversia constitucional interpuesta por la Cámara sea resultado de una decisión mayoritaria, democráticamente adoptada y, por lo tanto, legítima”.
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Actualmente, la Cámara de Diputados contempla que el legislador que pretenda interponer una demanda de controversia constitucional deberá presentar una solicitud por escrito ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la cual solicitará a la Mesa Directiva que el área jurídica de la cámara emita, en un plazo no mayor de cinco días, una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma. En caso de ser procedente se someterá a votación del Pleno.
En el caso de del presidente de la Mesa Directiva, se establece que podrá por sí mismo presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta.
La última vez que un presidente de San Lázaro hizo uso de esta facultad fue la panista Laura Rojas, quien presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional sobre el acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, que preveía mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Con información de Político.mx y El Universal
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