Los diputados federales del PRI presentaron una iniciativa con la cual busca sancionar con una pena de 50 a 60 años de prisión a los funcionarios públicos que cometan o sean partícipes en homicidios en contra de periodistas o defensores de derechos humanos.
La propuesta de la legisladora tricolor Carolina Dávila reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De esta manera, adiciona una fracción III al artículo 219 del Código Penal Federal, que plantea que todo aquel servidor que inhiba, intimide, hostigue, amenace o dañe la integridad física o psicológica por el ejercicio de su actividad contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, sea acreedor a la sanción.
La propuesta al Código Penal Federal establece que “si el homicidio se comete contra un periodista o persona defensora de los derechos humanos por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, se impondrá una pena de 50 a 60 años de prisión”.
Sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas se plantea adicionar el artículo 64 Quáter para señalar que “incurrirá en daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el servidor público que en el marco de su actuación realice acciones u omisiones que desprestigien, obstaculicen y coarten las labores de defensa de los derechos humanos y periodistas”.
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Además, la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prevé crear el Registro Nacional de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual será de carácter público.
“Este registro deberá contener la información relativa a las agresiones, la fecha y lugar de los hechos, el nombre de la víctima, el nombre de los perpetradores identificados, las medidas implementadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el estatus de cumplimiento de las medidas y las sanciones”, se lee en la iniciativa.
La propuesta se da luego de que la organización Artículo 19 indicó que el Estado mexicano “no se está investigando a sí mismo luego de que los perpetradores, en un gran porcentaje de los casos (de asesinatos de periodistas), son parte del propio Estado”.
La iniciativa apenas fue enviada a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión.
Con información de Diario de México y La Razón
MSA
