Blanca Alcalá, diputada federal del PRI, convocó a sus compañeros legisladores en el Congreso de la Unión a tomar acciones conjuntas, con solidaridad, compromiso, conciencia, sororidad y acción de resultados, “por aquellas mujeres que gritan sin ser escuchadas, por todas las mujeres a las que hoy les debemos una respuesta en cada una de sus necesidades”, y hacer valer el nombre de esta LXV Legislatura “De la paridad, la inclusión y la diversidad”.
Por lo anterior, propuso establecer la implementación de protocolos y señales de alerta personal homologadas en todas las entidades federativas, que permitan identificar y brindar auxilio oportuno a víctimas de violencia o en riesgo de sufrirla, y la operación de números de emergencia homologados en todas las entidades federativas, y uso de los medios tecnológicos para la atención oportuna.
Alcalá Ruiz destacó que el movimiento feminista es diverso, amplio y debe ser incluyente. “Un movimiento que a partir de las diferencias nos permita encontrar las coincidencias” en este tema, ya que, “desafortunadamente, paridad no necesariamente es sinónimo de toma de conciencia”, externó.
Así se expresó la representante popular poblana al presentar la iniciativa que busca reformar las fracciones IV y XII del artículo 36; y adicionar las fracciones IV y V al artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destinada a reducir los niveles de violencia que afectan a miles de mujeres, niñas y niños en nuestro país.
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La legisladora tricolor expuso datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los cuales señalan que durante 2021 en nuestro país, dos mil 501 mujeres han sido asesinadas; cada día 10 mujeres son víctimas de violación, mientras cada hora 80 mujeres llaman a emergencias para pedir ayuda ante situaciones de violencia familiar.
Agregó, que durante el periodo 2015 – 2020, en el país hubo un total de dos mil 583 víctimas de trata de personas, y tan solo en el primer cuatrimestre de 2021 se reportaron 219 casos.
En su iniciativa, la diputada por Puebla expone que la violencia contra las mujeres se ha conceptualizado como un problema social y clasificado como conflicto de salud pública.
Pero, aclaró, tiene diversas manifestaciones que van de la violencia física y psicológica, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo o en instituciones educacionales; la trata de mujeres y la prostitución forzada, así como otras manifestaciones de violencia física, psicológica o económica que las afecta.
MSA
