Pese a que han perdido la credibilidad, el PRI en San Lázaro buscará la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, algo que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pudo echar atrás.
Este lunes, se dio a conocer que Marco Antonio Mendoza, diputado federal del PRI, propuso eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa de la Constitución para dejar únicamente como una medida cautelar justificada, es decir, que se aplique cuando otras medidas se agoten.
La Cámara de Diputados informó que el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, para materializar este propósito, busca modificar el Artículo 19 constitucional, el cual contempla a la prisión preventiva como una medida oficiosa, es decir, que forma parte normal de los procesos contra las personas que llegan a ser acusadas de un delito.
Al respecto, el legislador aseveró que con dicha modificación se busca garantizar el respeto a los derechos humanos de cualquier persona sujeta a un proceso penal, donde el debido proceso y la presunción de inocencia deben de preponderar en apego estricto al Estado de derecho.
Con dicha iniciativa, se dejaría de utilizar esta medida precautoria de manera automática e inmediata en la mayor parte de los caso, con lo cual se espera obligar a la persona responsable de la Fiscalía a analizar los casos y valorar la situación de la persona imputada para determinar si existe o no una necesidad real de su imposición.
¿Qué pasará si aprueban la iniciativa?
Antonio Mendoza señaló que si su iniciativa resulta ser aprobada por el Congreso de la Unión, ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición oficial, por lo que la autoridad se verá obligada a justificar el auto de vinculación a proceso.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, investigación, protección de la víctima o de los testigos, así como cuando esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
“Actualmente el uso sistemático de la prisión preventiva se ha transformado en una violación a los principios fundamentales del sistema penal, porque la autoridad en lugar de investigar y obtener pruebas para establecer la posible responsabilidad de una persona, la utiliza olvidándose del caso y sometiéndola a la pena anticipada”, dijo el priista.
Finalmente, destacó que el principio de presunción de inocencia impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador. Por ello recomendó que la prisión preventiva debe ser vista como algo excepcional, donde las personas puedan llevar su proceso bajo medidas cautelares, que no afecte su entorno social de manera grave, salvo que sea necesario.
Después de que la Suprema Corte no pudo echarla atrás, el PRI en San Lázaro buscará la eliminación de la prisión preventiva.
Roban más de 3 mil millones de pesos al Gobierno en el Tren Maya
