La Presidencia de la República busca revertir el acuerdo que suspendió el “plan B” de la reforma electoral que impulsaron en Palacio Nacional.
Asimismo, el Senado de la República impugnó el freno por tiempo indefinido que impuso el ministro Javier Laynez Potisek a la aplicación del “plan B” al Instituto Nacional Electoral (INE).
Fue el 31 de marzo, cuando la Mesa Directiva del Senado presentó dos recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno contra la suspensión y otro contra la admisión de la controversia constitucional que promovió el INE contra la reforma que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con informes cercanos al caso, la impugnación contra la suspensión se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara, mientras que el recurso contra la admisión se radicó en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En la resolución que se impugnó, Laynez argumenta que era necesario suspender el “plan B” con la finalidad de salvaguardar el orden democrático porque, en caso de que el INE tenga razón en su controversia, se iba a comprometer la equidad de la contienda y la integridad del padrón electoral.
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”, afirmó Laynez al conceder la suspensión.
“En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”.
Presidencia busca revertir acuerdo que suspendió el “Plan B”
No obstante, el Senado reclama que es improcedente la suspensión por tiempo indefinido que el pasado 24 de marzo dictó el ministro Laynez contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de otras leyes secundarias.
Esta medida cautelar prácticamente impidió que se concretara en el corto plazo el adelgazamiento del INE que buscó el Ejecutivo federal, así como los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados en el Congreso que votaron la reforma.
Dicha suspensión va a estár vigente durante el tiempo que tome la SCJN para tramitar la controversia del INE y resolver la constitucionalidad del “plan B”, que por tratarse de un asunto en materia electoral muy probablemente será despachada antes del receso judicial que inicia el 15 de julio.
Presidencia también reclama suspensión de la reforma electoral
Este lunes, la Consejería Jurídica de Presidencia anunció que también presentó su reclamación contra la suspensión de la reforma electoral.
Apenas en marzo, cuando se dictó la medida cautelar, la Consejería acusó al ministro Laynez de “arrancar” hojas de la Constitución para trabar la aplicación de las nuevas disposiciones, pues en su opinión la Carta Magna no permite que se admitan las controversias en materia electoral.
Probable que Corte invalide todo el “plan B”
Es probable que la Corte invalide todo el “plan B”, sin pronunciarse sobre su contenido, por la prisa con la que la votaron en la Cámara de Diputados.
Tal iniciativa la votaron los diputados el mismo día en que el Ejecutivo Federal la presentó, un hecho contrario a los precedentes de la Corte sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un procedimiento legislativo.
Pese a que los legisladores de Morena y el gobierno federal hicieron un cochinero, Presidencia de la República busca revertir el acuerdo que suspendió el “plan B” electoral.
