La ex lideresa sindical, Elba Esther Gordillo fue absuelta de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que fue puesta en libertad de manera inmediata poco antes de la medianoche del pasado lunes.
Dicha resolución fue determinada, luego de que se confirmara que la Procuraduría General de la República (PGR), junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), actuaron de manera ilegal.
¿Los motivos?
La PGR y la SHCP, no se apoyaron de una orden judicial para recabar las pruebas necesarias, por lo que violaron el secreto bancario al tener acceso a las cuentas de la profesora sin haber solicitado una orden judicial. Además el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nunca presentó una denuncia en contra de Elba Esther por el desvío de recursos.
En el caso de la acusación de delincuencia organizada, el tribunal unitario resolvió que la maestra no pertenece a alguna organización delictiva, sino que solo es miembro de un sindicato.
Por lo anterior el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del primer tribunal unitario en materia penal, resolvió dar el fallo el favor de la maestra, el cual fue promovido por su defensa alegando las irregularidades presentadas en el proceso, según lo informado por el diario Milenio.
En el caso de sus cuentas que aún se encuentran congeladas, se detalló que solo es necesario un oficio de la autoridad judicial informando de su resolución.
En mayo de 2017, el Ministerio Público Federal, recibió el amparo concedido a Elba Esther, otorgado por el cuarto tribunal unitario en materia penal, puesto que la PGR no logró aportar las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad por el delito de defraudación fiscal por 2 millones 199 mil pesos, cometido en 2008.
Y un año antes, el primer primer tribunal colegiado en materia penal, ya había amparado a la maestra contra la acusación por defraudación fiscal de 4 millones 394 mil pesos, que supuestamente cometió en 2009.
Todo lo anterior, bastó para dejar sin sin efectos las pruebas de la PGR y de las autoridades hacendarias, para finalmente sobreseer la causa penal.
