Hace instantes, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa, oficializó la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que, supuestamente, coadyuvaron en la investigación del Caso Iguala.
En Washington, durante una rueda de prensa, Campa adelantó que el gobierno federal no solicitará que se amplíe la estancia del GIEI en México. Es decir, que luego del 30 de abril habrá concluido el trabajo de los peritos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según Campa, ha transcurrido el tiempo suficiente y llegó el momento de que los peritos del GIEI presenten los resultados de su investigación.
Y tiene razón.
Desde su llegada, los peritos de la CIDH parecen tener la encomienda de poner en duda las investigaciones de la PGR, de cuestionar el trabajo del Estado y de minar la reputación de las instituciones mexicanas.
Desde su llegada, los dizque expertos del GIEI se han limitado a atacar los peritajes de la Procuraduría pero no han ofrecido explicaciones alternas, no han ayudado a resolver el caso y más importante, no han explicado qué pasó en iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, dónde están los normalistas desaparecidos y por qué los criminales organizados levantaron a los estudiantes.
Desde su llegada, los investigadores de la Comisión Interamericana dejaron ver que lo que menos les importa es el paradero de los 43.
Por eso, ante la falta de resultados, la decisión del gobierno mexicano se antoja pertinente, entendible y necesaria.
Llegó el momento de poner un alto a quienes han convertido al caso Iguala en un gran negocio; es tiempo de frenar a los que han hecho de la desaparición de los normalistas un ariete político; ya no es posible seguir pagando y tolerando a quienes –avalados por la CIDH–, pretenden sacudir y debilitar al Estado mexicano y a su armado institucional.
En esta lógica, resulta todo menos lógico que el señor Emilio Álvarez Icaza –secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, insista en que el GIEI tiene los elementos jurídicos para ampliar su mandato. Y es que, desde un inicio, no existían las condiciones, la necesidad ni la demanda para estos vividores de la tragedia llegaran a sembrar dudas y discordia en territorio nacional.
Es muy probable que a partir de ahora, algunos insistan que el gobierno mexicano se cerró a la crítica, que existe una campaña en contra de los expertos extranjeros o que a la autoridad no le interesa resolver el caso Iguala.
Sin embargo, las evidencias demuestran que seguramente veremos todo lo contrario.
A decir verdad, si se busca esclarecer lo ocurrido en la noche de Iguala, será indispensable cerrar el paso a las manos interesadas en lesionar las instituciones del Estado, a las acusaciones sin fundamento, a las investigaciones improvisadas y a todos los que parecen más interesados en fomentar una guerra política que en conocer la verdad y en descubrir, de una vez por todas, qué pasó con los 43 de Ayotzinapa.
