La pandemia de Covid-19 que lleva más de un año en el país, ha complicado los servicios de procuración e impartición de justicia penal en 16 de las 32 entidades de México, reveló World Justice Project (WJP).
En su tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, WJP analizó e identificó el impacto negativo que tuvieron las restricciones adoptadas por la pandemia en distintos mecanismos, desde el acceso a la justicia, hasta los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción y el respeto a los derechos humanos.
En términos generales, los resultados de la edición 2020-2021 “evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto”, con cambios marginales en los puntajes que obtuvieron las entidades respecto a la edición 2019-2020.
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Sumado a ello, la evaluación destaca retrocesos que desde antes de la pandemia ya venían presentándose en el país, entre ellos lo que denomina un “continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico”.
Asimismo, el informe revela que ni una de las 32 entidades federativas alcanza al menos la mitad del puntaje que el índice establece para medir el funcionamiento del Estado de Derecho.
Entre los estados con mayores retrocesos en ciertos ejes, se encuentran: Veracruz, Puebla y Ciudad de México, las cuales son las peor evaluadas en el eje de acceso a la justicia penal, según el informe.
Con información de Animal Político
AIS
