En la etapa del partido único se hacía lo que dictaban los miembros de ese partido. La conclusión fue la impunidad. La ley y sus sanciones sólo se aplicaban para los enemigos y adversarios.
La realidad de la impartición de justicia en México no se instituyó en el largo periodo priista. Ya tenía sus reales desde Juárez, quien dijo “para mis amigos justicia y benevolencia, y para mis enemigos nada más justicia”.
Ese ambiente prevalece a pesar de la alternancia, pero poco a poco va venciendo la imparcialidad de impartición de la justicia.
Pero como conservamos todavía esa cultura de incredulidad en la aplicación de la justicia es que se le sigue apostando a la habilidad política.
Ayer a los candidatos a gobernador por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los estados de Zacatecas y Durango les cancelaron el registro. El argumento de la autoridad es que ambos no entregaron el informe de gastos de precampaña y esa falta, de acuerdo a la ley electoral, los inhabilita.
Es de esperarse que Andrés Manuel López Obrador movilice a sus huestes, en cada entidad, para que vuelvan a ser registrados. Me imagino que van a parar las actividades de los dos estados con la toma de carreteras. Con ese activismo tratará de abrir la negociación.
El mismo AMLO, allá (año 2000) en los inicios de la alternancia, no cumplía con los años de residencia en el Distrito Federal. Ver el extenso documento en http://www.tedf.org.mx/transp/art19/11/sentencias/2000/TEDF-REA-009.00.pdf.
Lo que hubo fue una negociación política para registrarlo.
Este tema de leyes frente a política también lo estamos observando en el tema del examen de evaluación magisterial.
La ley establece que si los maestros no se presentan en dos ocasiones a la evaluación se les cancela la plaza. Pierden el trabajo.
La respuesta, lo dicen los mismos voceros del movimiento magisterial, es política con la movilización, sino de todos, debe ser la mayoría, de no ser de esta manera los maestros van a perder.
¿Quién vencerá la ley o la política?
