Este jueves, con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Extinción de Dominio.
En donde se establecen los procedimientos de carácter civil para el aseguramiento, disposición, uso, usufructo y enajenación de los bienes derivados de hechos delictivos.
Asimismo, a favor del dictamen votaron los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PES, PT, MC y PVEM, así como algunos legisladores del PRI y de la bancada ex perredista, que ahora se encuentran sin partido.
Mientras que la fracción del PRD y el pesista Ricardo de la Peña se manifestaron en contra, junto con ocho priistas más Adriana Teissier (del PES) que fueron los que se abstuvieron, después de advertir “el riesgo de incautar bienes a personas inocentes y denunciar la discrecionalidad del Ejecutivo para definir el destino de los recursos sujetos a extinción de dominio”.
Todavía las fracciones legislativas discuten, en lo particular, los artículos reservados por diputados de diversas representaciones.
“Los bienes en proceso de extinción de dominio podrán disponerse en forma anticipada para el servicio público, su uso en programas sociales u otras políticas públicas prioritarias, según lo determine el gabinete social de la Presidencia de la República.
“El fiscal general de la República deberá presentar un informe anual ante el Senado respecto al número de juicios de extinción de dominio en trámite, sentencias emitidas en la materia, valor estimado de los bienes sujetos a extinción de dominio, ingresos obtenidos en los juicios respectivos, además de las solicitudes de cooperación internacional y asuntos de desistimiento.
“Las fiscalías contarán con unidades especializadas en materia de extinción de dominio con el objeto de lograr una mayor eficiencia en los procedimientos sobre los bienes derivados de actividades delincuenciales”, dicta la nueva legislación.
Por otro lado, el nuevo ordenamiento planea la integración del Registro Nacional de Extinción de Dominio administrado por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde las fiscalías inscribirán las demandas de extinción de dominio y las sentencias, sin dejar de lado los bienes que comprendan.
