Uuc-kib Espadas, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), calificó como “regresivo” el paquete de reformas a las leyes electorales, mejor conocido como “Plan B” de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que afecta toda la estructura del organismo que lucha para evitar ser controlado por el Gobierno federal.
En una entrevista otorgada a el portal La Razón, el funcionario electoral alertó que con estas reformas cerca de 84.6 por ciento de los integrantes del Servicio Profesional Electoral serían despedidos, “fundamentalmente de las personas que están a cargo de las Juntas Distritales; es decir, la estructura territorial misma del instituto. Nos enfrentamos a una lógica de que el Gobierno quiere controlar a la institución, lo que ya se superó pero que algunos actores siguen queriendo. Esto es que el Gobierno tenga mano para decidir que ocurre en una elección”.
Debido a ello, las condiciones para organizar una elección y llevarla a cabo en condiciones de calidad e integridad, quedarían en severo riesgo.
“Se pierde a capacidad de organizar elecciones íntegras y se dificulta enormemente para el Instituto, por ello me parece que es una dificultad central”, indicó.
Otra de las afectaciones es la permisibilidad para que los funcionarios actúen en campañas electorales, aunque en menor riesgo como el de la instalación e las casillas, que es el lugar en donde los ciudadanos emiten su voto.
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Indicó que la batalla legal es necesaria y urgente, debido a que las modificaciones empiezan cuando la ley entre en vigor, ya que se trata de una precarización de capacidades organizativas, por ello para el INE es necesario que se apegue la ley a la Constitución para contar con elecciones limpias, transparentes, donde se cuenten los votos y que la ciudadanía vea el proceso.
“Lo que se quiere hacer es debilitar a la institución con estas reformas. La intención que se ha visto reflejada en el contenido de las propuestas es el control, pero el INE sigue siendo autónomo y dedicará todo su tiempo en hacer elecciones transparentes”, comentó.
Por ello, para el órgano electoral es necesario que se apegue la legislación a la Constitución, con el propósito de tener elecciones limpias, transparentes, donde se cuenten los votos, y que la ciudadanía vea el proceso.
“Nos enfrentamos a una lógica de que el Gobierno quiere controlar a la institución, lo que ya se superó pero que algunos actores siguen queriendo. Esto es, que el Gobierno tenga mano para decidir qué ocurre en una elección”, dijo.
Es un serio atentado a cómo hacemos las elecciones
Por su parte, la consejera Claudia Zavala opinó que el “Plan B” es un “serio atentado a cómo hacemos las elecciones en México, en donde hay condiciones de equidad con autoridades que tienen facultades para regular a todos los actores políticos, para vigilar que se cumpla la ley y con un servicio profesionalizado”.
Refirió que antes de contar con el servicio profesional, “las elecciones se hacían y la parte política y los gobiernos instrumentaban cosas para que no fueran los ciudadanos quienes recibieran los votos”.
Por lo que consideró “estamos dando una regresión” y advirtió “sino se cumplen los requisitos legales tienen que ver con nulidad de votaciones”.
“Se están derrotando pilares de una calidad democrática que habíamos logrado a través de 35 años en reforma para tener un sistema consolidado, con facultades para arbitrar y garantizar derechos”, agregó.
Con información de La Razón y W Radio
MSA
