La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue los probables hechos ilícitos en las adjudicaciones directas realizadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante el 2022.
El legislador emecista Rodrigo Samperio Chaparro recordó una reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la cual se señala que en México, 8 de cada 10 contratos se otorgan bajo la modalidad de “adjudicación directa”, evitando que pasen por los procesos de análisis y competencia establecidos por las leyes mexicanas, mientras que solo el 11 por ciento, 1 de cada 10 contratos aproximadamente, de estas contrataciones se otorgan por medio de una licitación pública.
La indagatoria expuso que existen 299 instituciones públicas que han otorgado contratos bajo el concepto de “procedimiento de excepción”, de las cuales, 160 contaban con más del 50 por ciento de sus contratos bajo ese concepto, y otras 40 instituciones tenían bajo esta misma categoría al 100 por ciento de sus contratos, brincándose los procesos de transparencia y competencia establecidos por nuestras leyes.
Así mismo, el reporte emitido señala que las instituciones que más dinero han otorgado bajo “procedimientos excepcionales”, son aquellos que a su vez los adjudican con menor competencia, destacando por las altas cifras de dinero destinados a este tipo de contratos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), seguido de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco del Bienestar, Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Liconsa.
Por su parte, las instituciones señaladas por tener poca o nula competencia gracias al alto porcentaje de gastos que tuvieron en el otorgamiento de contratos bajo el concepto de “procedimientos de excepción” fueron: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) con un 99 por ciento, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con un 94 por ciento y Diconsa con un 94 por ciento.
“Si tomamos en cuenta que durante el presente año, de acuerdo a lo investigado por la asociación, el Gobierno Federal ha gastado cerca de 360 MMDP en más de 125 mil contratos, el equivalente a 1,329 MDP en 465 contratos diarios”, puntualizó.
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Advirtió que le parece preocupante pensar que la opacidad sea una característica para la realización de contratos en México, “sobre todo si pensamos que, de acuerdo al estudio, 37 pesos de cada 100 pesos gastados por el sector público, son otorgados a contratos bajo “procedimiento de excepción” y otros 15 pesos son enviados a otros tipos de contratación como créditos externos o incluso procedimientos no clasificados”.
“Las anomalías de transparencia para llevar a cabo contratos desde el gobierno federal no es una novedad, ya que de acuerdo al mismo estudio, la opacidad es una constante desde que se ha medido esta problemática, aún a pesar de la incorporación de mecanismos innovadores, como la plataforma oficial CompraNet, que tienen por objetivo hacer más transparente los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios al sector público”, puntualizó.
Por lo anterior, Samperio Chaparro presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior a que realice las acciones correspondientes para investigar probables hechos ilícitos en las adjudicaciones directas realizadas por el gobierno de la República durante el año 2022, especialmente a personas morales señaladas por probables irregularidades.
Con información de El Universal
MSA
