Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados a que se posponga la discusión de una reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hasta que concluya el proceso electoral de 2024.
En un pronunciamiento, ONG´s como Seguimos en Marcha y Marea Rosa, agrupadas en UNID@S, pidieron a los legisladores atender la preocupación ciudadana, con relación a una iniciativa que se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales y que mina las facultades del Tribunal Electoral en materia de derechos humanos y paridad de género.
“Se prevé una reforma que mina las facultades que hasta ahora tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia de derechos y paridad de género”, advierten.
La protección de la democracia y las instituciones es un compromiso de todos
Recordaron que la ciudadanía ha rechazado cualquier reforma electoral, en vísperas del proceso electoral más grande de la historia y en pleno proceso electoral del Estado de México y Coahuila.
Por ello, pidieron posponer la discusión del dictamen harta después de la elección de 2024, bajo condiciones democráticas que logren que diversas opiniones sean tomadas en cuenta.
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Reiteraron que la discusión de cualquier reforma no debe darse sin la opinión de expertos en la materia, las instituciones afectadas y las organizaciones de la sociedad civil.
Las ONG señalaron que la protección de la democracia y las instituciones es un compromiso de todos, por ello dijeron que estarán atentos ante cualquier acción que represente un retroceso democrático.
Legisladores buscan que no pueda emitir sentencias con acciones afirmativas
La reforma constitucional fue presentada por Morena, PT y Partido Verde, así como PAN, PRI y PRD, con rechazo de Movimiento Ciudadano (MC).
La propuesta busca que el TEPJF no pueda emitir sentencias con acciones afirmativas, en beneficio de la paridad de género o grupos vulnerables, sino que esto será determinado por el Congreso.
Tampoco podrá resolver los actos y demás determinaciones de la Cámara de Diputados o el Senado, en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores.
Con información de El Universal y La Razón
MSA
