PGJ no investigará a exfuncionarios acusados de desvíos de recursos

Lara López dijo que hay otros más que son señalados y se continúan las investigaciones para dar con el paradero de Edgar Tungüí Rodríguez y de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez

Especial

Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), informó que los exsecretarios de Finanzas, Édgar Amador Zamora y Julieta González Méndez, así como el exfuncionario para a Reconstrucción, Ricardo Becerra, no serán investigados por desvíos de recursos.

Esto luego de que Jorge Gabriel Morfín Salcedo, director de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial B, de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de dichos funcionarios por el pago de un “sobreprecio” de una obra de reconstrucción de un inmueble con motivo de los sismos del 19 de septiembre de 2017.

En conferencia de prensa, Lara López deslindó a estos exfuncionarios, aunque dijo que hay otros más que son señalados y se continúan las investigaciones para dar con el paradero de Edgar Tungüí Rodríguez, extitular de la Comisión para la Reconstrucción, así como Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quien fuera secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), sobre quienes pesan dos órdenes de aprehensión.

“Hemos señalado a estas personas, porque fueron públicamente mencionadas y nosotros queremos dejar en claro que no tenemos ninguna indagatoria o procedimiento en contra de estos funcionarios, sí hay otros funcionarios, debemos mencionarlo, que están siendo investigados, no solamente por razón de la reconstrucción, sino por otros temas”, argumentó Lara.

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Con base a la Carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-2 C/D/03668/08-2019 por el delito de Uso Ilegal de Atribuciones –Otorgue Permisos, presentada ante la PGJ-CDMX el pasado 27 de agosto pasado por Morfín Salcedo, los exfuncionarios son imputados por trabajos realizados y no ejecutados.

Otros detalles de la carpeta de investigación señalan que la acusación penal es por presuntamente haber desviado recursos del Fonden local y federal, así como aportaciones públicas, privadas nacionales e internacionales del 19S.

Los diversos montos públicos fueron dotados a través del Fideicomiso número 7579-2, el cual se constituyó en banco AFIRME.

Con información de El Universal y Excélsior