PERSECUCIÓN POLÍTICA EN LA “4-T”

Como en los viejos tiempos, AMLO utiliza a la FGR, que de autónoma solo tiene el apellido, para perseguir a sus adversarios políticos

Como en los viejos tiempos, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza a la Fiscalía General de la República, que de autónoma solo tiene el apellido, para perseguir a sus adversarios políticos.

Es el caso de Ricardo Anaya, quien fuera uno de sus contrincantes en la elección presidencial del 2018. Ahora la FGR lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero y está citado para el próximo jueves a una audiencia a realizarse en el Reclusorio Norte.

Las imputaciones en contra de Anaya están basadas exclusivamente en los dichos del ex director general de Pemex, Emilio Loyoza, y son lo suficientemente graves como para dejar al panista en la cárcel varios años, en lo que se deslinda su responsabilidad.

La primera en sufrir el talante inquisitorio de la FGR fue Rosario Robles, quien fuera parte del gabinete de Enrique Peña Nieto como titular de Sedesol y de Sedatu.

Rosario lleva dos años presa en el penal de Santa Martha a pesar de que está acusada de un delito menor –uso indebido del servicio público— que no amerita prisión preventiva oficiosa.

Más allá de que Rosario hubiera podido incurrir en omisión en el sexenio pasado, que es de lo que se le acusa, López Obrador no le perdona una serie de agravios recibidos cuando ambos eran compañeros de partido, en el PRD.

Otro perseguido político es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está acusado por la FGR de delincuencia organizada y lavado de dinero.

 El pasado 30 de abril fue desaforado por la Cámara de Diputados pero la resolución no fue ratificada por el Congreso de Tamaulipas y su situación jurídica se mantiene indefinida.

En la lista debemos incluir a Ildefonso Guajardo, quien fuera secretario de Economía durante el sexenio de Peña Nieto. El pasado 9 de julio, Ildefonso, uno de los negociadores del T-MEC,  fue vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, con base en una acusación que le hizo la FGR. Al menos Sigue su proceso en libertad.

También está el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle quien, como Rosario Robles, permanece encarcelado a petición de la FGR a pesar de que los delitos que le imputa no ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Uno más fue Adrián de la Garza, el ex candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León. Cuando aparecía en las encuestas como puntero, la FGR anunció que lo investigaba por lavado de dinero. 

Estalló el escándalo. Pero cuando De la Garza bajó en su intención de voto y se supo que no podría ganar la elección, la FGR lo dejó de molestar.

Otro perseguido político es Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox. Contra Derbez hay una orden de aprehensión solicitada por la FGR por supuestos delitos relacionados con el conflicto de la Universidad de las Américas. 

En este y otros espacios ha quedado claro el manoseo político y el conflicto de interés del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, en el conflicto de esta casa de estudios.

Con estas persecuciones políticas, el presidente López Obrador no solo distorsiona la procuración de justicia, sino que, paradójicamente, fomenta la impunidad.

Varios de quienes son perseguidos, en especial los acusados de delitos graves, podrían haber cometido dichos ilícitos. Pero no lo sabremos, porque el manejo político de sus procesos los ha convertido en víctimas y los ha hecho casi intocables.

OFF THE RECORD

**TRES DÍAS DESPUÉS

El presidente López Obrador acudirá a Veracruz tres días después de que el huracán Grace provocara severos daños en varias regiones de la entidad.

Pero acudirá no a visitar a los damnificados, sino a una ceremonia programada con tiempo de anticipación para conmemorar la celebración de los Tratados de Córdoba. 

Y ya que andará por allá, aprovechará para anunciar un programa de apoyo que no se sabe de dónde saldrá, porque el Fonden ya no existe.

**L-12: A ESPERAR

Este jueves no habrá un nuevo informe de parte de la empresa noruega DNV sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la empresa pidió más tiempo debido a que aún realiza estudios.

Lo que sí se conoció fue una filtración que habla de que sí influyó en la tragedia la falta de mantenimiento.

O sea que…

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