La Fiscalía de Perú ratificó este martes ante un juez, su pedido de 36 meses de prisión contra el expresidente Pedro Castillo.
Esto tras acusarlo de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).
La fiscal Galinka Meza presentó estos argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Esto durante la vista del pedido, para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante, Pedro Castillo.
Esto sucede luego que Castillo, se presentó a una audiencia virtual, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.
Castillo ya purga la sentencia de 18 meses de prisión preventiva, que se le dictó desde el pasado 16 de diciembre 2022.
Acusan a Pedro Castillo de tráfico de influencias y cómplice de delito contra la administración pública
Cabe recordar que esta medida se le dictó, mientras lo investigan por delitos de rebelión y conspiración.
Pedro Castillo también es investigado actualmente, por intentar dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre 2022 en Perú.
La fiscal señaló, a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, en modo ‘organización criminal’.
También se le considera presunto responsable por tráfico de influencias y cómplice del delito contra la administración pública.
La fiscal Galinka agregó, esto fue “agravado por su condición de líder (cuando Pedro Castillo aún era presidente de Perú)”.
“La presunta organización criminal, comenzó cuando Castillo hizo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en junio 2021”.
Pedro Castillo es o era el presunto líder de una estructura criminal
“En ese momento, el todavía candidato, se vinculó con personas que le prestaron bienes muebles e inmuebles”.
Estos bienes muebles e inmuebles, “fueron empleados por el equipo de campaña de Castillo”.
Galinka Meza también dijo que “la presunta organización tenía una estructura vertical, con un líder”.
“Y que esta posición, era presuntamente asumida por Pedro Castillo”, dijo la fiscal Galinka Meza.
“El propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones”, dijo Meza.
“La organización buscó copar instituciones del Estado para direccionar procedimientos de contratación pública”, explicó la fiscal.
