Mientras que el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, anda felizmente como si no tuviera acusación alguna por conflicto de interés y omisiones en su declaración patrimonial, la senadora panista Xóchitl Gálvez presentará una iniciativa para que las omisiones de información patrimonial puedan ser de carácter penal.
“El servidor público hoy en día puede declarar lo que se le ocurra, faltando a la verdad descaradamente, pues no hay ninguna dependencia o entidad que corrobore que sus informes son ciertos”, expone el documento.
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De acuerdo con Reforma, en el Código Penal se ampliaría el tipo penal del ejercicio ilícito de servicio público –hasta aquel en el cual el funcionario falte a la veracidad en la presentación de sus declaraciones patrimoniales “o de intereses o se oculte el incremento de su patrimonio o el de todas las personas cercanas antes mencionadas”.
De caer en la omisión, el funcionario podría enfrentar una pena de dos a siete años de prisión y de 30 a 50 días de multa.
El PAN argumentó que en las declaraciones patrimoniales y de intereses deben entrar otros familiares –además de los más cercanos– como parejas sentimentales, socios, colegas y otros con quien tenga relación de afecto. Mientras que la SFP tendría que llevar un seguimiento permanente de la evolución del patrimonio de los funcionarios.
