El Gobierno Federal sufrió un nuevo revés en su intento por incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Debido a que un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja que interpuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para impugnar la resolución de un juez de distrito que admitió a trámite el amparo que promovió una asociación contra el decreto de reformas a la Ley de la Guardia Nacional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de septiembre de 2022.
Por unanimidad de votos, los integrantes del cuerpo colegiado determinaron que no existen pruebas para evitar que el juez analice el amparo y lo resuelva.
En ese sentido, resolvieron que no se actualiza la causa de improcedencia hecha valer por el mandatario tabasqueño, pues para ello se requiere de un estudio de fondo del decreto controvertido.
“Se está proponiendo declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la autoridad recurrente, contrario a lo que señala la autoridad, no se actualiza la causa de improcedencia que refiere en sus agravios, pues para poder determinarlo se requiere un estudio y exhaustivo de las características y naturaleza del decreto de reformas reclamado, lo cual, al involucrar un tema de análisis complejo, no es propio del análisis inicial, sino de la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del asunto. En esas condiciones, dado que no se advierte de manera manifiesta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causal de improcedencia aducida, se propone declarar infundado el recurso de queja”, se lee en la resolución.
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Al negar la Impugnación, el Tribunal notificará al juez la sentencia, quien la próxima semana citará – para el martes 11 de abril a las 13:40 horas – a las partes para informar si cancela el cambio de la Guardia Nacional al Ejército o si lo acepta.
Este juicio se suma al presentado a finales de octubre pasado contra la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. Al parar el cambio de forma indefinida (suspensión) , la jueza del Noveno Distrito con residencia en Guanajuato, consideró que el cambio viola los derechos humanos.
“Este juzgado considera que la entrada en vigor del decreto impugnado, por sí sola, amedrenta e inhibe el ejercicio de los derechos alegados por el quejoso, dado que el ejercicio del uso de la fuerza, el armamento y equipo empleado por la Secretaría de la Defensa Nacional son distintos a los que de ordinario utilizan las corporaciones civiles en tareas de seguridad pública”, indicaron.
Cabe recordar que en noviembre del 2022 se otorgó una suspensión provisional; para ello el impartidor de justicia argumentó que la reforma viola el artículo 21 de la Constitución, que ordena que la GN será una corporación civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Con información de La Silla Rota y MVS Noticias
MSA
