El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán concedió este jueves una suspensión provisional el cual frena la construcción del Tren Maya en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal.
Para ello, los habitantes del sureste del país promovieron en julio de 2020 un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debido a la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, realizada entre el 2 y 30 de julio de ese año.
En ese sentido, Roberto Sánchez Campos, abogado del colectivo Kanan Derechos Humanos, indicó que las autoridades federales no les brindó a los pobladores información suficiente sobre las especies animales en riesgo y otras afectaciones ambientales.
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Asimismo, destacó que, al intentar revisar la información completa con los anexos de la Fase I del Tren Maya, ésta no se encontraba disponible en las instalaciones de las Delegaciones de la Semarnat, por lo que los pobladores solicitaron el expediente por los canales oficiales de acceso a la información pública, pero transcurrido el plazo para la consulta pública a través de Internet, no recibieron respuesta a la petición que se hizo desde el 21 de junio de 2020.
“Las quejosas (demandantes) decidieron ampliar el amparo inicial, en contra de la aprobación de la MIA, porque esta se dio sin haber garantizado toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental”, se indica en un boletín firmado por Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal.
Con este recurso, las autoridades no podrán ejecutar obras nuevas en el estado de Yucatán, pero el Poder Judicial aún debe determinar el próximo 27 de enero si otorga una suspensión definitiva y, después, si falla a favor de las quejosas en el juicio de amparo.
Con información de El Economista y El Popular
MSA
