Defensores de derechos humanos, medios, periodistas, organizaciones y colectivos exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, evitar estigmatizar y deslegitimar públicamente su labor, esto luego de las declaraciones que emitió el pasado 28 de agosto en su conferencia de prensa matutina.
“En dicho espacio, el Gobierno federal presentó información de dominio público, apuntando que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras ‘para oponerse a la construcción del Tren Maya’”, recordaron.
A través de un comunicado, los inconformes explicaron que a lo largo de la presentación de esta información, se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones, así como a sus fuentes de financiamiento.
“Sin lugar a dudas, estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas”, mencionan en el comunicado.
Por lo que hacen énfasis, en que López Obrador reconozca públicamente el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y condene las violaciones de los derechos humanos cometidas en su contra y los intentos de descrédito.
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De acuerdo con su posicionamiento, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; el Consejo Regional Indígena, y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, son objeto de difamación y hostigamiento por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto “Tren Maya” en el sureste del país, el cual “viola sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas”.
En tanto, la organización Artículo 19 precisó que el medio Animal Político “fue señalado en el listado de organizaciones que recibieron fondos de ‘benefactores y opositores’, buscando generar un nexo causal entre el corte crítico del medio y los recursos que recibe”.
“Calificar a dichas organizaciones y al medio como ‘opositores’, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión”, subrayó.
Con información de Animal Político y Vanguardia
SG
