Un Tribunal ordenó a Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, pagar 2 mil millones de pesos (mmdp) por Impuestos Sobre la Renta (ISR); Grupo Salinas condenó la resolución y acusó que hay intereses políticos por lo que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión constitucional del caso.
Ordenan a Elektra pagar 2 mmdp por ISR; Grupo Salinas acusa intereses políticos
A través de un comunicado, Gruó Salinas afirmó que la decisión del Tribunal muestra una de las consecuencias más graves de lo que llamó “farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas” y se dijo “víctima” de ello.
Condenamos la resolución ilegal del Tribunal Colegiado que, ignorando el debido proceso y las leyes vigentes cuando se originó el crédito fiscal, falló contra Grupo Elektra. Los magistrados actuaron con sesgo y consigna política, no con razonamiento jurídico, validando así abusos… pic.twitter.com/Xf7NRBChPk
— Grupo Salinas (@gruposalinas) June 20, 2025
Los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinaron que Elektra debe pagar 2 mmdp por ISR.
Por lo que el grupo de Ricardo Salinas Pliego sostuvo que la resolución del Tribunal “es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda de intereses políticos”.
En el mismo sentido, señaló que los magistrados “confirmaron y exhibieron su alienación con un proyecto político, dejando de lado lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia”.
El fallo “es ilegal”
Respecto al fallo, señaló que “es ilegal”, pues se omite “intencional y dolosamente” lo dispuesto en la Ley del ISR vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal.
Además, “viola el debido proceso” al negar el amparo solicitado “en lugar de remitir el caso a un tribunal distinto debido a la “existencia de impedimentos procesales”.
“El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios”, sentenció Grupo Salinas.
