Este 14 de enero, el juez Gabriel Regis López, titular de juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, decidió otorgar la suspensión de las acciones de clausura de al menos de 4 de 13 ductos que abastecen de combustible a varias entidades del país.
Esto porque el Doctor en Derecho, Javier Mijangos y González, realizó una impugnación de garantías al hecho de la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de la clausura de los oleoductos, que abastecen de combustible al país.
“Puesto que en la especie el quejoso acudió a la instancia constitucional con base a un interés legítimo, y de conformidad con lo que dispone el artículo 131 de la ley de la materia, acreditó el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se negara, y el interés social que justifica su otorgamiento”, indica la suspensión.
Esto es decir que el gobierno federal está obligado a garantizar la adecuada y suficiente distribución y suministro del combustible, en todas las estaciones de servicio del país. Un revés muy serio a la estrategia gubernamental del combate al huachicoleo.
Ahora, ¿cuál será la respuesta del gobierno federal a esta suspensión judicial?, o ¿se abrirá un nuevo frente de batalla entre el presidente y el poder judicial?
