La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró que nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan reconocido el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), la cual considera es claramente arbitraria conforme a las normas y estándares internacionales.
Esto al señalar su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia.
Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU-DH, pidió tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década.
Te puede interesar | ¿Y la austeridad? “Marcha de la revancha” costará más de 1,500 millones de pesos
Destacó que diversos mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia ONU-DH han coincidido en señalar la incompatibilidad de la PPO con los tratados internacionales de los que México es parte.
Aunque la ONU-DH saludó la disposición constructiva y colaborativa de los ministros particularmente de quienes redactaron los proyectos sometidos a discusión, y el valor de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes secundarias que indebidamente extendieron el marco de aplicabilidad de la PPO, advirtió que se perdió la oportunidad para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Por ello, la ONU-DH reiteró las recomendaciones que indican la necesidad de derogar esta figura del texto constitucional y alienta a asegurar un espíritu de apertura frente los órganos internacionales que tienen competencia para evaluarla a la luz de los compromisos internacionales del Estado mexicano.
Con información de El Universal y MVS Noticias
MSA
