La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó este jueves que el sistema de justicia de Venezuela de perpetuar· las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas contra opositores al Gobierno de Nicolás Maduro.
La misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, señaló que la Justicia del país sudamericano ha desempeñado un rol esencial en años de violaciones de derechos humanos.
En su informe, indicó que en vez de ser un instrumento de contrapeso frente a la represión del régimen autoritario de Maduro, la justicia venezolana cuenta con una política de Estado el cual sirve para silenciar a la oposición.
En ese sentido, sostiene que políticos venezolanos de alto nivel, han ejercido influencia en el sistema judicial con el fin de reprimir, encarcelar, enjuiciar a opositores reales o percibidos como tales.
“Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidas por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales”, subrayó la portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Te puede interesar | Mientras el dictador cubano visita México, en su país exigen justicia
Por otro lado, denunció que hay deficiencias en el sistema de justicia venezolano que va de la mano con un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014.
“El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, señaló.
La Misión de la ONU basó sus conclusiones en 177 entrevistas – muchas de ellas con actores del sistema de justicia – así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos, y en un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales.
También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal.
Con información de Proceso y Notiamérica
MSA
