La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su “profunda preocupación” por los actos de vigilancia ilícita del Ejército mexicano contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han ocurrido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, señaló que estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado.
“Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa”, enfatizó.
Señaló que las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo son actores fundamentales para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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Por ello, indicó que corresponde a las autoridades “hacer efectiva su obligación de promover un ambiente de tolerancia hacia la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, que fortalezca la vida democrática de la sociedad”.
En ese sentido, advirtió que es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares.
Subrayó que el espionaje tiene un efecto intimidatorio y envía una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa.
“Estos actos no pueden realizarse fuera del marco normativo y de estrictas salvaguardias de derechos humanos, lo que implica que todas las medidas adoptadas que coarten los derechos humanos y las libertades fundamentales deben estar expresamente previstas en la ley y responder a criterios de necesidad, proporcionalidad, legitimidad, transparencia, debida autorización y mecanismos civiles y judiciales de control y rendición de cuentas, incluida la posibilidad de presentar denuncias a una institución independiente y obtener una reparación efectiva”, sostuvo.
Con información de El Universal y La Razón
MSA
