Amnistía Internacional (AI) y decenas de organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra, así como defensores y académicos, solicitan al presidente Andrés Manuel López Obrador un encuentro para dialogar sobre los riesgos de militarizar la seguridad pública.
Naciones Unidas piden a la 4T dar fin a la política de militarización de la seguridad pública
En una carta, las ONG´s recordaron que hace dos semanas el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas presentó un informe sobre su visita a México, en noviembre del año pasado, en el que se recomienda al Estado mexicano descartar la política de militarización de la seguridad pública.
En ese sentido, le recomendó al Gobierno Federal un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública, instando a abandonar el enfoque militarizado.
“La seguridad pública debe estar en manos de civiles, y que únicamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, los Estados pueden recurrir a las fuerzas armadas para esa tarea”, se lee en el informe.
En respuesta, López Obrador descalificó dicho informe al considerar que el Comité no actuó con “apego a la verdad”, debido a que “ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos”.
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“Fuerzas militares no se concilian con las funciones de autoridades civiles”
Por su parte, las ONG´s lamentaron esta postura de AMLO al señalar que han documentado la participación de militares, incluida la Guardia Nacional militarizada, en casos de tortura, represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual entre otras violaciones de derechos humanos.
Por último, señalaron que ven con profunda preocupación las declaraciones públicas que ha realizado, las cuales “fomentan el clima de violencia e impunidad imperante en el país, así como la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familias, organizaciones de derechos humanos y colectivos en búsqueda”.
Tras recordar que las recomendaciones del CED sobre dar fin a la política de militarización de la seguridad pública que se ha seguido en México por las últimas tres administraciones, las organizaciones solicitantes del encuentro puntualizaron que “el régimen de las fuerzas militares no se concilia con las funciones de autoridades civiles, lo que pone en riesgo la vigencia de derechos humanos y es contrario a principios del Estado de Derecho como la separación de poderes, la independencia y autonomía de tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles”.
Apuntaron que ante el convencimiento de que “la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles y no militares” ha trabajado “por el fortalecimiento y la profesionalización de las instituciones civiles de seguridad del país”.
Con información de Proceso e Infobae
MSA
