Durante su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió nuevamente su iniciativa de entregar la administración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para ello, justificó que se busca que se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo, y principalmente para que no se corrompa, como sucedió con la extinta Policía Federal (PF).
“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, dijo el pasado jueves 1 de septiembre.
Iniciativa evidencia debilidad institucional
Sin embargo, esta decisión ha sido muy criticada por la oposición al apuntar que ello era un reflejo de su fracasada política de seguridad basada en “abrazos, no balazos”, y que ahora pretendía militarizar al país.
En ese sentido, diversas organizaciones civiles también rechazaron esta propuesta de AMLO, al asegurar que era un error.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que México no necesita la militarización de sus cuerpos de seguridad, sino una profesionalización.
Mencionó que la iniciativa deja en evidencia la debilidad institucional con la que fue conformada la GN y añadió que hay una insuficiencia en la construcción de la institución desde un inicio.
“La iniciativa está llena de mentiras y lo peor es que no se responsabiliza de la grave inseguridad que afecta al país, que no diga que es de carácter civil; no toma en consideración que en los hechos ya es militar”, explicó.
Se empodera más al Ejército
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó como inconstitucional esta iniciativa de Andrés Manuel ya que varios de sus puntos van contra el artículo 21 constitucional y dejan completamente de lado el carácter civil de la corporación de seguridad.
Otra de las críticas a la iniciativa es el cambio que se propone al artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional, para establecer una estructura donde el primer nivel de mando lo tendrá la Sedena, pues sostiene que rompe la cadena de mando civil.
“Se inserta en el punto más alto de la cadena de mando de esta corporación a la institución castrense, diluyendo por entero el carácter civil mandato por la Constitución”, sostiene Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
Asimismo, señala que hay una ampliación de facultades al cuerpo de seguridad en la investigación de delitos y labores de inteligencia, pese a ser un tema que se ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sigue sin resolverse.
“Con esta modificación se continúa ampliando la posibilidad de que una policía militarizada como lo es la Guardia Nacional intervenga en labores de investigación de los delitos. Precisamente, esta fue una de las cuestiones que en su momento impugnó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Guardia Nacional”, comentó.
También se cuestiona que los elementos de la Guardia Nacional seguirán sujetos al régimen penal militar, dentro de institución que constitucionalmente es civil.
Sobre la modificación que propone dotar de más presupuesto a la Guardia Nacional, el Centro Prodh señala que las Fuerzas Armadas seguirán acumulando poder, recursos y presencia pública, sin que se estén diseñando controles civiles externos.
“Con estas modificaciones, la actual administración pretende ir más lejos de lo que consiguió cuando a inicios de sexenio obtuvo, con el concurso de todas las fuerzas políticas, la reforma constitucional que buscaba. Es por ello momento de que se activen los contrapesos necesarios”, afirmó.
Con información de Animal Político y La Razón
MSA
