Durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió que desaparecería el espionaje y la oficina del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En ese sentido, criticó que los gobiernos anteriores espiaran a activistas, periodistas, políticos de oposición, entre otros.
“Eso se va a terminar porque cuando triunfe nuestro movimiento se va a terminar el espionaje político, ya no va a existir esa oficina que espía, se va a cancelar el espionaje”, afirmó en junio de 2017 durante una gira Durango.
Sin embargo, esto resultó ser una mentira más del farsante de Palacio Nacional, pues se ha demostrado que la Cuarta Transformación espía a sus opositores, así como a líderes sociales, periodistas, etc.
Por ejemplo, en marzo de 2023 se descubrió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizó el software Pegasus para espiar a Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos y quién era representante de las familias de algunas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos militares en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El mandatario tabasqueño minimizó este tema al decir que el Ejército hacía “labores de inteligencia”.
Sin embargo, estas “labores de inteligencia” son escalofriantes debido a que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Así lo apuntó Jorge Bravo en su columna “El gobierno humanista que espía” en donde expuso que la utilización de este malware para espiar a periodistas y activistas es una violación flagrante de la libertad de expresión y la privacidad.
“En lugar de garantizar un entorno seguro y libre para la libertad de expresión y el trabajo periodístico, el gobierno utiliza herramientas cibernéticas de vigilancia para indagar ilegalmente en sus actividades”, indicó.
Por otro lado, expuso que la inteligencia de Estado debe llevarse a cabo dentro de los marcos legales establecidos, respetando los derechos humanos y las libertades civiles, incluida la privacidad de las personas.
“La diferencia entre espionaje e inteligencia de Estado radica en la legalidad y legitimidad de la recolección de información llevada a cabo por un gobierno o una agencia de inteligencia”, apuntó.
Por ello, criticó el negacionismo, el victimismo y la falta de acción por parte de AMLO para investigar, prevenir y erradicar el uso de software espía por parte de su gobierno causa perplejidad e indignación.
“Muestra una clara falta de compromiso con los derechos humanos y la democracia. El gobierno de López Obrador debe rendir cuentas por este escándalo y tomar medidas inmediatas para garantizar que los derechos humanos y las libertades civiles sean respetados y protegidos en el país”, enfatizó.
A continuación puede consultar el texto completo.
Con información de El Financiero y el Economista
MSA
