El pasado 18 de marzo, tres jueces de Guerrero absolvieron a la señora Nestora Salgado.
Los togados quitaron los cargos de homicidio, secuestro y privación de la libertad en contra de quien también se desempeñó como líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.
Al respecto, el activista y empresario Alejandro Martí –presidente de México S.O.S.–, alertó que en México se adoptan esquemas que favorecen el debido proceso y el respeto a derechos humanos pero se ignoran las tropelías que se cometen con la bandera del respeto a los usos y costumbres, a las deficiencias de los ministerios públicos y al armado deficiente de las carpetas de investigación.
Y es que, para Martí, el sistema judicial mexicano debería estar obligado a promover el debido proceso independientemente de los tiempos políticos o de las luchas electorales. Es decir, que la máxima de las autoridades debería ser el principio constitucional que dicta que el beneficio de una persona no puede ir en contra del resto. O si lo prefiere, que el debido proceso de un inculpado no debería estar por encima del interés general.
Por lo anterior, Alejandro Martí calificó de lamentable que una extorsionadora y secuestradora –como Nestora Salgado–, se escude en los usos y costumbres de un pueblo. En especial porque existen víctimas reales y porque, al final del día, fue liberada por razones políticas.
Para Martí, el Estado mexicano pretende fomentar el respeto a derecho como si se tratara de Suiza; no obstante, las instituciones son débiles y sus elementos están mal entrenados, carecen de preparación y tienen todo en contra para hacer lo que les corresponde.
Acaso por eso, concluyó Martí, el sistema judicial mexicano comete una falta imperdonable: liberar a secuestradores, avalar sus crímenes y consentir que operen contra la ley, a pesar de los individuos y sus familias que son víctimas de sus comportamientos antisociales.
