El pasado 8 de septiembre, la senadora Cristina Díaz Salazar, presentó en el Senado una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas, la cual contempla la creación de una asamblea consultiva en la que puedan participar organizaciones defensoras, junto a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas en materia de protección de los derechos humanos.
En contexto, las comisiones contra la trata de personas, justicia y derechos humanos de la Cámara Alta solicitaron al presidente de la CNDH un acompañamiento para concretar el proceso legislativo de la reforma de ley.
En entrevista para La Otra Opinión, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, comentó que se debe de dejar de separar a las víctimas de tal forma que se creen “víctimas de segunda” debido a la falta de protocolos e inconsistencias en el sistema penal mexicano.
“Hay inconsistencias con las que no estamos de acuerdo, en algunos casos es el propio afectado el que debe de dar pruebas de haber sido víctima de un determinado delito para que las autoridades puedan compensar el daño en materia de vivienda o pasajes para transportarse de un estado a otro”, explicó la presidenta de Alto al Secuestro.
Para finalizar Miranda de Wallace, invitó impedir que la ley termine con aberraciones como la compensación a criminales, pues en lo que va del año se han pagado 80 mil pesos a presuntos delincuentes y cerca de un millón a uno de los médicos del grupo terrorista de los Zetas.
“Esta reforma está siendo impulsada por la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña y las organizaciones defensoras, estamos esperando la aprobación para empezar a actuar”, concluyó la señora Wallace.
