NAIM, ENGAÑO Y BURLA

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Las preguntas son muchas y las respuestas muy pocas. 

Y es que todo indica que es un engaño y una burla la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que llevará a cabo el gobierno electo. de Andrés Manuel López Obrador. 

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¿Por qué un engaño y una burla?  

Porque “el gobierno” que lleva a cabo la consulta aún no es “un gobierno constituido”, porque la consulta no es legal, porque se trata de un ejercicio demoscópico inconstitucional y porque nadie sabe de dónde saldrán el dinero par la consulta y porque nada garantiza la certeza y la legalidad del ejercicio de consulta. 

¿Lo dudan?   

1.- El artículo 35 constitucional establece que para que una consulta ciudadana tenga validez, requiere del 40 por ciento de participación de los potenciales electores. 

2.- Porque una consulta como lo marca la Constitución, sólo la puede llevar a cabo un gobierno legalmente constituido. 

3.- Porque, por otro lado, el financiamiento de la consulta debe provenir de fuentes ajenas a las partes interesadas. Y todos saben que el gobierno electo le ordenó a los diputados de Morena pagar de su salario del Congreso, dicha consulta 

4.- Porque la elaboración de la o las preguntas de la consulta debe estar a cargo de especialistas no sólo en el ejercicio demoscópico sino de la materia a consultar. 

5.- Porque la metodología para la consulta; el número de boletas disponibles, la distribución de los centro de votación, los mecanismos de vigilancia, los comités para el recuento y validación de votos y los procedimientos para impedir trampa deben estar a cargo de instancias ajenas a las partes en conflicto. Y en la consulta del NIIM, toda esa metodología la decidió Morena. 

Como queda claro, la consulta que llevará a cabo del 25 al 29 de octubre el equipo del presidente electo –para continuar o no con el proyecto del aeropuerto de Texcoco o para iniciar uno nuevo en Santa Lucía–, no cumple con ninguna de las premisas básicas de transparencia y legalidad. 

Por tanto, obliga a preguntar. 

¿De dónde saldrá el financiamiento para todo lo que requiere la consulta? ¿Cuál será el costo real de todo ese proceso? 

¿Quién va a garantizar la transparencia y la legalidad de dicha consulta? 

¿Qué certeza jurídica, qué legalidad y qué seriedad tendrá el resultado cuando nadie sabe a ocho días cuál será el costo y quién pagará ese gasto? 

Queda claro que asistimos a un nuevo engaño, a una tomada de pelo que le podría costar a los mexicanos por ahí de 120 mil millones de pesos, si es que se cancela el proyecto del NAIM. 

Al tiempo.