A propósito de la Cumbre sobre el Problema Mundial de las Drogas, UNGASS 2016, no sobra recordar que en Estados Unidos hay 10 estados que, en noviembre, celebrarán referendos para decidir si legalizan –o no– el consumo de mariguana.
En este momento, 22 entidades de la unión americana avalan el consumo del cannabis con fines medicinales o lúdicos.
Hasta ahora, sólo cuatro entidades permiten el uso recreativo de la mariguana: Colorado, Oregón, Washington y Alaska. El resto sólo aprueba la utilización de la hierba si el objetivo es médico: Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Rohode Island, Vermont y Columbia.
En el extremo opuesto, México se debate entre la timoratez y la doble moral.
Hace días, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un singular discurso ante la Asamblea General de la ONU. Y aunque, para muchos, fue sorpresivo el nivel de apertura que exhibió el mandatario, lo cierto es que son pasos diminutos frente al avance registrado en países como Estados Unidos.
El asunto no es menor pues dos de las entidades que votarán por regular la mariguana colindan con México: California y Arizona.
Es decir, que mientras que el gobierno federal recién abrió los oídos a quienes exigen un cambio en la política de combate a las drogas, y mientras que la Presidencia habla de acabar con la prohibición y apostar por la prevención; en meses, la mariguana será legal a unos pasos de la frontera nacional.
Por eso insistimos, bien por el viraje en la política antidrogas que anunció el presidente Peña; pero no basta con los discursos. La realidad alcanzó y rebasó la postura ambigua de la autoridad; en consecuencia, sólo queda avanzar a marchas forzadas o dejar que las circunstancias aplasten la pasividad de las instituciones mexicanas.
